| 11 de Agosto de 2022 Director Antonio Martín Beaumont

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Esperanza Aguirre.
Esperanza Aguirre.

El juez baraja cerrar la "persecución" a Esperanza Aguirre que dura ya años

El juzgado que investiga la trama Púnica podría poner fin a la imputación de la expresidenta de la Comunidad de Madrid, perseguida durante años sin una acusación firme.

| Camilo Novo España

La ex líder del Partido Popular de Madrid y ex presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, podría encontrar en las próximas semanas un motivo de alegría, pues se pondría fin a su imputación en la causa Púnica, que investiga la red de corrupción liderada presuntamente por el ex secretario general del PP madrileño, Francisco Granados, y el empresario David Marjaliza.

La trama está siendo investigada por el Juzgado Central de Instrucción Número 6 de la Audiencia Nacional, que presume que la trama de Granados y Marjaliza servía para financiar de manera ilegal al PP madrileño.

 

El citado juzgado no quiere agotar los plazos legales para la instrucción judicial de los casos y prevé que para antes de que finalice agosto puede concluir las pesquisas. Esta lucha contra el reloj en pleno agosto, mes inhábil para la justicia y que supone la congelación de los plazos procesales, puede despejar una de las incógnitas más relevantes de la causa: si Aguirre será finalmente procesada después de permanecer como imputada desde que así lo decidiera el titular del juzgado Manuel García-Castellón en septiembre de 2019.

Fuentes jurídicas  indican que hoy por hoy la balanza se inclina en favor del archivo de las pesquisas para Aguirre, por lo que, la que fuera máxima dirigente del PP madrileño durante los años que se investigan, no pisaría la sala de vistas de la Audiencia Nacional, siguiendo así la estela marcada por la también expresidenta 'popular' Cristina Cifuentes.

Cabe recordar que en esta pieza 9 el magistrado intenta averiguar si el PP madrileño tuvo una 'caja b', nutrida con donaciones empresariales, con la que financió las campañas electorales de 2007, 2008 y 2011.

Aguirre fue imputada porque, según el auto del juez, la investigación arrojaba "indicios racionales" de que sería "quien ideó la búsqueda de recursos que financiaran las campañas que ella misma seleccionaba". Decía además que era "la supervisora última de las sinergias entre sus consejeros de confianza, que impulsó con dicha finalidad ``.Las campañas iban dirigidas fundamentalmente a fortalecer y vigorizar su figura política y consolidarla como presidenta de la Comunidad", apuntaba en 2019.

Según exponía el magistrado, al llegar Aguirre al Gobierno de la Comunidad de Madrid en 2003 los dirigentes 'populares' "fijaron una estrategia para obtener fuentes de financiación para el partido, amparándose en diversas partidas del presupuesto, en principio con fines de propaganda institucional u otros que sirvieron de coartada para desviar dinero público desde las licitaciones de las consejerías de la Comunidad y adjudicar, en connivencia con determinadas proveedores de confianza, la licitación de determinados contratos de suministros". Pero tras casi dos años imputada, ahora su situación procesal puede cambiar radicalmente.

La prórroga de la instrucción se acordó hasta el 29 de octubre porque falta que la Sala de lo Penal se pronuncie sobre el recurso de Fiscalía contra la decisión del juez de sacar de esta pieza 9 las revelaciones hechas desde la cárcel por el ex alcalde de Majadahonda Guillermo Ortega, alias 'El Rata', sobre "una presunta desviación monetaria a través de la sociedad Mercado de Puerta Toledo".

 

Cofely y Maldyva

Fue a finales de julio cuando el juzgado, apremiado porque se le agotaban los plazos para la investigación, lanzó una batería de autos por los que anunciaba entre otras cuestiones que concluía la pieza número 5, relativa a contratos menores en Valdemoro, Torrejón de Velasco y Serranillos del Valle. No obstante, matizaba que antes de hacerlo practicaría las últimas diligencias solicitadas por el Ministerio Fiscal, reclamando al Ayuntamiento de Valdemoro las certificaciones de obra de una residencia de mayores, "con el alegado exceso de mediciones en las partidas implicadas".

También dio por terminadas las pesquisas relativas a los contratos de adjudicación a la empresa Cofely para aumentar la eficiencia energética de diversas instalaciones públicas, que se encuadran en la pieza 6 de 'Púnica'. Y estima que no procede continuar con las indagaciones en la rama valenciana de la Púnica, enmarcada en la pieza 10, y que tienen relación con contratos de reputación online con las empresas EICO y Madiva de Alejandro de Pedro.

Tanto la pieza de Cofely como la de los contratos menores de Valdemoro es previsible que cuenten con auto de pase a procedimiento abreviado, paso previo a la apertura de juicio oral, para antes de que comience el mes de septiembre, según fuentes consultadas.

Granados, condenado a dos años

En 'Púnica' ya hay una condena firme por la pieza 1. Granados recibió dos años de cárcel por el 'chivatazo' que le dio un guardia civil en 2014 sobre las investigaciones a las que estaba siendo sometido y que le permitió tanto a él como a su entonces socio, David Marjaliza, adoptar ciertas cautelas en sus negocios.

 

Otras dos líneas de investigación, las referidas a las adjudicaciones irregulares en León (2) y Murcia (3) a empresas vinculadas al 'conseguidor' de la trama, Alejandro de Pedro Llorca, y al ex alcalde de Cartagena José Antonio Alonso Conesa, se encuentran ya en la fase intermedia antes de avanzar a juicio.

El juez también acordó a finales de julio el pase a procedimiento abreviado de la pieza 7, sobre los contratos otorgados a Waiter Music para organizar fiestas populares en ayuntamientos de la Comunidad de Madrid, proponiendo juzgar a Granados, al ex senador del PP David Erguido y a varios ex alcaldes y ex concejales.