Un alcalde íntimo de Pedro Sánchez, denunciado otra vez por prevaricación

Los promotores del espacio de ocio Carola Morena han presentado ante el Juzgado de Instrucción de Alcalá de Henares una denuncia penal contra el alcalde, Javier Rodríguez Palacios, del PSOE, y diez cargos del consistorio entre concejales y técnicos, por un presunto delito de prevaricación, en un nuevo escándalo jurídico para un regidor que ya ha pasado por los tribunales y, paradójicamente, preside el Comité de Ética del PSOE madrileño.

Rodríguez Palacios acumula episodios controvertidos de contratación y adjudicaciones, pero parece tener un blindaje desde Ferraz por su cercanía a Pedro Sánchez, de quien fue estrecho colaborador hasta las Primarias en que se enfrentó, entre otros, a Patxi López, a quien el alcalde complutense apoyó dando por descontada una derrota del actual presidente que no se produjo.

Pese a esas tiranteces ocasionales, fue y ha vuelto a ser un valedor del secretario general del PSOE, hasta el punto de que Alcalá de Henares fue la ciudad que acogió la presentación del pacto entre Sánchez y Rivera para hacer presidente al primero, impulsado por el socialista en 2016 después de que Rajoy, pese a ganar las Elecciones Generales, declinara la investidura por la falta de apoyos: en junio, tras fracasar la intentona del actual presidente, tuvieron que repetirse comicios.

En este caso, las decisiones de Rodríguez Palacios pueden estar generando un enorme problema económico y de empleo para la segunda ciudad de Madrid por la paralización, al parecer caprichosa, de un gran proyecto de ocio ya comenzado.

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Los cambios normativos realizados por el Ayuntamiento presidido por Rodríguez, y las actuaciones derivadas de esas decisiones han impedido a la empresa desarrollar su actividad con la consiguiente pérdida económica, que se encuentran valorando en la actualidad y que supera los ocho millones de inversión sólo en la reforma del edificio donde se iba a desarrollar su actividad, eventos musicales, convención y encuentros empresariales, entre otros.

 Mientras, el consistorio ha anunciado la celebración de varias actividades de música y ocio en la Plaza de Toros y en el casco antiguo de la ciudad, sin aplicar los mismos criterios que exigen a los promotores de Carola Morena. Éstos denuncian que existen intereses particulares y profesionales de los denunciados por los que han “incumplido” la legalidad.

Entre los personales, afirman que “el alcalde (...) vive en el entorno inmediato del local afectado (Carola Morena), una circunstancia que debió determinar su abstención” en el proceso de estudio de otorgamiento de licencias y que “explica en todo caso la diferencia de trato con cualquier otra licencia tramitada en el municipio, aún afectando a la misma problemática”, aseguran en la demanda. Según ha constatado ESdiario, Rodriguez Palacios vive efectivamente en las cercanías, en un distrito distrito denominado La Garena, junto a su mujer, un hijo y al parecer un gato.

De hecho, afirman que el Ayuntamiento ha concedido licencias en el casco antiguo de la ciudad, en una zona “absolutamente saturada” y que los controles de ruido con los que cumple Carola Morena han sido laxos o inexistentes en otras, igual que otros supuestos problemas derivados del ocio juvenil, que no es la actividad concreta de la sala. Ponen como ejemplo, la actividad que el propio Ayuntamiento va a desarrollar en la Plaza de Toros de la ciudad.

“El propio denunciado está incentivando el uso que niega al denunciante: (…) la apertura bajo tutela municipal de una actividad en la Plaza de Toros para un aforo de 10 ó 15 veces mayor”. Y es que, afirman “al denunciado (el alcalde) no le preocupaba la problemática derivada del ruido ni de los usos de ocio, ni de las situaciones derivadas del ocio juvenil (…), sino sus estrictos intereses personales”.

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La numerosas trabas para abrir un espacio de entretenimiento en la zona de La Garena ha provocado que la empresa haya acudido a los tribunales para defender sus derechos frente a las “medidas arbitrarias” del consistorio, que incluso “se ha saltado la legalidad por intereses personales”, alegan los promotores.

La denuncia penal detalla minuciosamente el diseño de la estrategia municipal para evitar el funcionamiento de la sala de ocio. En ella se llega incluso a cuestionar que el interés del alcalde y de su equipo municipal en “perjudicar” a los promotores pudiera deberse a “a motivos probablemente de competencia a un sector al que están vinculados”, lo que ha provocado una “persecución , ordenanza tras ordenanza, para paralizar la actividad” de Carola Morena.

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Los hechos se remontan al año pasado cuando los promotores de la sala adquieren un edificio hasta ese momento dedicado a bodas y banquetes, bajo el nombre comercial "Salones Oma", con carácter de uso hostelero y cuyo régimen del suelo era el mismo para la actividad que iba a iniciar Carola Morena.

A partir de ahí, el Ayuntamiento de Alcalá de Henares suspende las licencias y retira el uso sociocultural “para evitar la apertura de Carola Morena”, según denuncian los afectados. Y es que desde hace 17 años el edificio donde los promotores pretenden desarrollar su actividad cuenta con licencia para el mismo uso y actividad de la sala de ocio y  con un aforo muy parecido.

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Los responsables municipales, sin embargo, advierten a los promotores de que la ordenanza socio cultural no le es de aplicación y “cambian la modificación puntual redactada únicamente contra el mismo (el promotor) y la aplican ahora a la ordenanza hostelera, de la que ya se disponía de licencia desde hace muchos años”, recoge la demanda a la que ha accedido este periódico.

Además, el Plan General  de Ordenación Urbana de Alcalá “fija un modelo de ciudad basado en la compatibilidad de los usos socio culturales y hosteleros con el modelo residencial”, por lo que, según los promotores, “no es incompatible”.

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Los promotores entienden que se ha provocado una “concertación” para impedir la apertura de la sala y por eso, además del alcalde, incluyen en la demanda a varios concejales y técnicos con responsabilidad en los hechos, entre ellos el concejal de Urbanismo, Alberto Blázquez, también conocido por diversos problemas judiciales y muy cercano igualmente al propio Pedro Sánchez.

Entienden que “de común acuerdo”, el alcalde y el resto de los denunciados “idearon un engendro de operativo administrativo para vulnerar sus obligaciones legales” con el objetivo de “causar un perjuicio al denunciado (el promotor) y favorecer los intereses personales y familiares del denunciado (el alcalde)”. Y para demostrarlo, describen la secuencia en el tiempo de los hechos que han impedido la apertura de Carola Morena.

Suspensión por vía urgente

Así,  describen cómo “los técnicos mantuvieron una actitud completamente distante y evasiva” desde el momento en el que se aporta la documentación para la licencia de obras ; cómo diez días después de la última petición de licencia el alcalde convoca una sesión de la Junta de Gobierno y se acuerda la suspensión de ésta, un acto administrativo que indica que “la modificación no existe” ya que al ser del Plan General debiera de pasar por el Pleno”, o cómo el informe técnico en el que pretendía ampararse el Ayuntamiento estaba “evidentemente escrito a la orden del alcalde” y elaborado en cuanto a la modificación “el día anterior a la Junta” de Gobierno.

 Mientras esto ocurre, el regidor “ordena y manda a su equipo político y urbanístico que se pare a toda costa el proyecto. Es decir, que se suspenda la licencia de éste y se articule un procedimiento ad hoc para la denegación definitiva de la licencia al hoy denunciante (el promotor)”. 

En este sentido, denuncian que la suspensión de la licencia para luego denegarla implica “saltarse la legalidad urbanística”. La empresa denunciante asegura que el equipo del alcalde “debió hacerle ver que la concesión de licencias es un proceso reglado, y que el mismo está sujeto a estrictas condiciones de tiempo y de adecuación a la norma. Y que no era posible adaptarlo a su interés personal. Pero finalmente optaron por el incumplimiento absoluto de la legalidad”.

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Aseguran en la demanda que “sin duda existieron opiniones contrarias al incumplimiento de la ley” aunque “no consta la intervención del secretario municipal o del letrado mayor”.

En el diseño de la “estrategia” de concertación y aplicación de ésta, los responsables municipales se basaron en cuestiones medioambientales como el ruido que podría causar la sala y problemas de circulación en los alrededores del recinto o una supuesta alarma social. La denuncia desmonta uno a uno estos argumentos.

Una zona con un rascacielos y restaurantes

En primer lugar, porque el espacio se sitúa en La Garena, donde existen restaurantes, bares de copas y una discoteca en la misma zona presidida por un rascacielos con espacio de ocio en su azotea, pero el Ayuntamiento deniega la licencia para desarrollar su actividad a Carola Morena en la misma zona donde lo hacen otros locales de ocio desde hace años.

Además, el espacio cuenta con unas extraordinarias medidas de insonorización y evacuación en todas sus plantas, 77 plazas de garaje en sus sótanos, al margen del parking privado que existe justo enfrente, así como más de 600 plazas de garaje a menos de 150 metros, lo que garantiza el orden de movilidad en la zona y medidas especiales de renovación del aire.

“Se trata, dice la demanda, de un solar exento aislado, de tal manera que no existe peligro alguno de perturbación a vivienda alguna, sin contar además con las exhaustivas medidas para la elusión del ruido exterior que establecen las autoridades estatales y autonómicas”.

En este sentido, aluden a la normativa de la Comunidad de Madrid que establece los valores de ruido, priorizando las áreas de especial sensibilidad acústica que son las de uso sanitario, docente, cultural y espacios protegidos, ninguna de las cuales es la que afecta a Carola Morena.

Los promotores entienden que el Ayuntamiento de Alcalá no ha incluido en el Plan Parcial ni en las ordenanzas generales limitaciones en las actividades contaminantes por ruido y vibraciones y no ha definido a la zona de La Garena, en concreto, como de especial sensibilidad acústica.

Es más, apuntan a que el consistorio sí ha concedido otras licencias sin más limitación, en este aspecto, que las recogidas en el Plan General. Sin embargo, en el caso de Carola Morena “quizá ocurría que la concesión de la licencia (….), obligada en virtud del Plan, iba en este caso en contra de los intereses familiares y presumiblemente políticos o económicos, en todo caso personales” del alcalde y el resto de los denunciados.

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Califican de “sorprendente” y “llamativo” que mientras el consistorio deniega la actividad de la sala en una de las principales zonas de ocio de Alcalá de Henares “han auspiciado una nueva actividad para sala de fiestas –para la que ya debe de tenerse partner- en la Plaza de Toros municipal, que también es una zona residencial, sin insonorización alguna, sin aparcamientos disuasorios, con capacidad para diez mil personas, con relación a la cual no ha existido por parte de los denunciados preocupación alguna”.

Los hechos han obligado a los promotores a cambiar la sede social de la empresa a la ciudad de Madrid. La decisión la tomaron después de reunirse con la asociación de vecinos para escuchar sus sugerencias e inquietudes, y con representantes del Ayuntamiento de Alcalá de Henares que, tras meses de silencio, trasladaron a los promotores la negativa a otorgarles la licencia de actividad para el funcionamiento de la sala.

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El Ayuntamiento socialista sí les otorgó la licencia de obras, por lo que la empresa ha invertido ocho millones de euros en reformar un espacio de eventos para convertirlo en la sala Carola Morena, pero posteriormente modificó el Plan Parcial de la Garena, donde se encuentra la sala, cambiando los usos en la zona y perjudicando los intereses de los promotores.

Las obras iban tan avanzadas que abrir al público el pasado mes de diciembre pero la negativa del Ayuntamiento de Alcalá de Henares para otorgar la licencia de actividad les obligó a paralizarlas, con el consiguiente perjuicio económico. Además, se han visto abocados a suspender un proceso de selección de personal para contratar a 250 personas al que se presentaron más de 2.500 aspirantes del municipio, uno de los que cuenta con la tasa de desempleo más elevada de la Comunidad de Madrid. 

"Ocio sano"

El espacio de ocio supone para Alcalá de Henares “una oportunidad única de albergar un espacio que pretende convertirse en icono a escala internacional”, redefiniendo el concepto de la noche y apostando por un concepto de ocio sano en el que se apuesta por la sostenibilidad, el respeto y la cultura, según los promotores.

Para ello, en Carola Morena no sólo se iban a realizar eventos musicales si no también encuentros empresariales, convenciones o eventos singulares. Todo ello con unas estrictas medidas de seguridad que ya se encontraban diseñadas e implementadas.

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Asimismo, la decisión municipal de cambiar el Plan Parcial de La Garena supone la suspensión de licencias durante un año, lo que implica que no se puede desarrollar actividad socio-cultural alguna en el sector donde se encuentra Carola Morena, ni siquiera la de hostelería, lo que supone el bloqueo de cualquier posible actividad para la empresa.

“En definitiva, aseguran los promotores en la denuncia, el único objetivo es suspender la licencia y, además, castigar privándole de todo derecho al denunciante suspendiendo cualquier uso”. La asistencia letrada de los promotores recae en el ex fiscal de Medio Ambiente Emilio Valerio, conocido en Gobiernos socialistas como “azote” del PP.