26 de Enero de 2021 Director Antonio Martín Beaumont

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El excomisario Villarejo.

El senador del PSOE imputado por el "caso Villarejo" se queda mudo ante el juez

El exparlamentario socialista andaluz, Francisco Rodríguez, se niega a declarar ante el instructor del "caso Tándem". Le han delatado los audios secretos del excomisario.

| M.B España

En Ferraz han podido comprobar este miércoles hasta que punto el PSOE está también atrapado en las redes del excomisario Villarejo. Y los riesgos que asume si lleva a comparecer al Congreso de los Diputados, tal como exige Podemos, al que fue durante cuatro décadas el superpolicía de las cloacas del Estado.

El exsenador del PSOE por Andalucía, Francisco Rodríguez Martín, se ha acogido a su derecho a no declarar este miércoles ante el juez de la Audiencia Nacional que instruye el caso Tándem. Había sido citado en calidad de investigado en el marco de la pieza 25 por haber ejercido presuntamente ed intermediario entre la empresa Cenyt -propiedad de Villarejo- y el empresario José Moya Sanabria.

Según fuentes jurídicas que han asistido a la comparecencia, el exsenador ha comparecido por videoconferencia y, si bien no ha querido responder a las preguntas que pudiera formularle tanto el magistrado Manuel García Castellón como la Fiscalía, habría señalado que más adelante una vez pueda formarse sobre el asunto no tendría inconveniente en declarar.

Ante esto, según estas fuentes, el juez García Castellón le ha advertido de que su oportunidad para declarar era la de hoy.

En esta pieza se investiga el encargo realizado por Moya a la empresa de Villarejo, que permanece en prisión provisional desde noviembre de 2017, y que tendría por objetivo mejorar la posición jurídica y negociadora del empresario en relación a un reconocimiento de deuda de la constructora Martinsa-Fadesa.

 

 

García Castellón imputó por este proyecto -al que el comisario denominó Saving - tanto al exsenador del PSOE como a Villarejo, a su socio Rafael Redondo, al empresario José Moya, a uno de los directivos de su empresa, Raúl Jara, y a Leticia Sánchez Mendoza por presuntos delitos de cohecho y descubrimiento y revelación de secretos.

El precio de este trabajo habría ido desde los 375.000 euros a los 1,2 millones, e incluiría análisis incluso del tráfico de llamadas de una decena de personas.

En la investigación realizada por la Audiencia Nacional se ha podido acreditar la existencia de al menos cuatro abonos realizados por la empresa de Moya a las cuentas de las mercantiles de Villarejo. Y en los audios que fueron incautados en la entrada y registro de la casa del comisario queda claro el preponderante papel que desarrolló el exsenador del PSOE Francisco Rodríguez.