19 de Abril de 2021 Director Antonio Martín Beaumont

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Pedro Sánchez, presidente del Gobierno

El Gobierno fracasa con su "escudo social" y se dispara la pobreza en España

El Gobierno del 'escudo social' sí ha dejado a mucha gente atrás. El nivel de pobreza en España sigue aumentando y la pandemia, desbocada, amenaza con generar una situación aún peor.

| A. Jiménez España

"Nadie se quedará atrás". Este fue el eslogan del Gobierno desde que se inició la pandemia, ya que, según Moncloa, se iba a tejer un "escudo social" sin precedentes que permitiera que la crisis económica derivada de la pandemia afectase en muy poco a los españoles. Sin embargo, la realidad es bien distinta. Son muchos los que ya se han quedado atrás y la pobreza sigue aumentando en España.

Así se desprende del informe anual de desigualdad que publica la ONG Oxfam Intermón con motivo del Foro de Davos, en el que se asegura que la pobreza severa podría aumentar en España en 790.000 personas y llegar a 5,1 millones como consecuencia de la pandemia.

 Según el documento, el total de personas en esta situación, que son las que viven con menos del equivalente a 16 euros al día, podría alcanzar la cifra de 5,1 millones de personas, lo que supone un aumento desde el 9,2% registrado antes de la pandemia hasta el 10,9%.

De los datos se desprende que la tasa de pobreza relativa en España pasaría del 20,7% hasta el 22,9%, lo que supone un millón de personas más por debajo de la línea de pobreza, estimada en 24 euros al día, hasta alcanzar los 10,9 millones de personas durante el 2020. Además, según el informe, el decil de personas más pobres en España perdería, proporcionalmente, hasta siete veces más renta que el decil más rico.

El fracaso del Ingreso Mínimo Vital

Además, el informe pone el acento en uno de los grandes fracasos del Gobierno, la implantación del Ingreso Mínimo Vital. Una medida que prometía ser la panacea para acabar con los problemas económicos de miles de personas pero que no se ha conseguido articular de una forma eficiente, por lo que se ha quedado en una medida más propagandística que eficaz.

De hecho, el documento estima que que si el IMV se hubiera implementado en su totalidad -por el momento ha llegado a 160.000 de los 850.000 hogares previstos-, habría salvado de la pobreza a 277.000 personas y habría reducido la pobreza severa en 230.000 personas.

Por ello, desde la ONG han pedido ampliar la cobertura del IMV, "agilizando trámites y requisitos y con especial foco en la reducción de la pobreza infantil"; una "reforma fiscal que recaude de forma más progresiva y que luche contra la evasión y la elusión fiscales", y un uso de los fondos europeos para la recuperación "con mirada transformadora y enfocada a reducir la desigualdad".

Otra de las medidas analizadas en el informe ha sido la aplicación de los ERTE, una medida que podría haber evitado que "más de 710.000 personas hayan caído en la pobreza", aunque el cuello de botella en que se generó en el SEPE para su tramitación ha impedido que miles de españoles cobren su subsidio de forma correcta.

El Gobierno debe aplicar políticas de alternativas para sustituir a los ERTES y poner en marcha medidas de apoyo a las empresas

Por ello, tampoco lo consideran un remedio, sino que es algo temporal, y abogan porque el Gobierno aplique políticas de empleo alternativas para sustituir a los ERTES y pongan en marcha medidas de apoyo a las empresas que garanticen empleo.

Sin embargo, estas políticas de apoyo a los empresarios no llegan. La hostelería, uno de los sectores más afectados por la pandemia, no ha recibido ninguna ayuda directa del Ejecutivo, a pesar de que Sánchez se comprometió a crear un plan para amortiguar la crisis del sector que se ha quedado en nada, como sí han hecho varios países europeos.

De hecho, este abandono a un sector vital para la economía española, que además, ha sido señalado por Fernando Simón como uno de los responsables de la pandemia, ha llevado a más de 700 empresarios a iniciar los trámites de una demanda colectiva ante el Tribunal Supremo contra el Gobierno y las Comunidades Autónomas por los daños y perjuicios soportados por el gremio durante el año 2020. La indemnización que solicitarán será de 55 millones de euros.