El pacto de silencio entre PSOE y Podemos salva a Irene Montero de un escándalo

El mismo día en que Podemos intentó, por decimoquinta vez, impulsar una Comisión de Investigación contra el Rey Juan Carlos a sabiendas de su inconstitucionalidad; Pedro Sánchez le hizo el favor de su vida a Irene Montero, atrapada con Podemos en un red de sospechas económicas con epicentro, nuevamente, en Latinoamérica.

Y es que Montero se ha librado gracias a los votos de Podemos y PSOE en el Congreso de rendir cuentas de unos "presuntos cobros ilegales" que su partido podría haber estado recibiendo de la Embajada de Ecuador en España. Con los votos de los socios de Gobierno ha quedado rechazada la petición de Vox.

No es casualidad: ambas formaciones "tienen y tendrán" un pacto férreo para protegerse recíprocamente y hacer intocables en el Congreso a sus principales dirigentes, que lo mismo se utiliza para frenar las pesquisas sobre la tesis de Pedro Sánchez o el monumental lío que rodea -y rodeará- al ex ministro José Luis Ábalos que para blindar el control parlamentario de los asuntos más peliagudos de Podemos.

La "salvación" de Montero en la últimas horas es el último ejemplo de ese "pacto de silencio". Desde el Gobierno de coalición han esgrimido que la petición de comparecencia se refiere a cuestiones relativas a un partido político y supuestamente ocurridas antes de que Montero sea ministra, por lo que quedaría fuera del control parlamentario a la acción del Ejecutivo.

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En concreto, la formación presidida por Santiago Abascal pretendía que Montero acudiese a la Comisión de Asuntos Exteriores para dar cuenta de las informaciones sobre "supuestos contratos celebrados entre la Embajada ecuatoriana" y ella misma "al objeto de evitar los desahucios de ciudadanos ecuatorianos en España".

Acusaciones de Vox

Según argumentaba el portavoz de Vox en dicha Comisión, Víctor González Coello de Portugal, tanto Montero como su compañero Rafa Mayoral, miembros de la dirección estatal de Podemos, deberían rendir cuentas "urgentemente" y "presentar su dimisión si no son capaces de explicar las gravísimas acusaciones" del nuevo embajador de Ecuador en Madrid, Pascual del Cioppo.

Del Cioppo, que accedió al puesto este mes de agosto tras ser designado por el Gobierno de Guillermo Lasso, aludió en una entrevista de televisión a unos contratos por los cuales la Embajada pagaba servicios de asesoría destinados a ecuatorianos residentes en España que no podían pagar sus hipotecas y créditos.

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El embajador indicó que al frente de la cooperativa Kinema está el diputado Rafa Mayoral y que en otra participa Irene Montero. "Llegaron (a cobrar) hasta 1,2 millones de euros por año, y en pandemia, el año pasado, se tuvo la osadía de firmar un contrato anual de 725.000 euros", aseguró, añadiendo que el actual presidente de Ecuador ordenó "de inmediato" la suspensión de esos contratos y que no se abonaran las cuotas de junio y julio.

Además de la petición de comparecencia, Vox registró dos preguntas parlamentarias para saber si el Ejecutivo del PSOE y Unidas Podemos cree que esos contratos "comprometen su imparcialidad" a la hora de "defender los intereses nacionales" y si va a realizar alguna investigación "para comprobar la veracidad de las declaraciones del embajador ecuatoriano, al ser éstas dañinas para la imagen exterior" de España.

Contra el Rey

El flotador lanzado por el PSOE a Podemos no es el primero y, en el último año, le ha servido para esquivar todas las comparecencias e investigaciones sobre los asuntos más delicados que pesan contra el partido: desde su posible financiación irregular, denunciada desde dentro de la formación por el abogado José Manuel Calvente, hasta el llamado "Caso Dina Bousselham", que afecta al propio Pablo Iglesias por la posesión de una tarjeta SIM con supuesta información privada de su exasesora.

Fuentes del entorno socialista recuerdan a ESdiario que los casos ya judicializados en Podemos "no necesitan" comisiones de investigación y ponen como ejemplo de ésa es la actitud general del PSOE en todos los frentes su reiterado veto a llevar al Parlamento los problemas de don Juan Carlos.

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La realidad es que la prohibición de llevar al Congreso el caso del Rey Emérito procede de los servicios jurídicos de la Cámara, que han insistido en la imposibilidad legal de enjuiciar la labor del anterior Jefe de Estado por hechos que, de haber ocurrido, tuvieron lugar en el ejercicio de sus funciones, protegidas por la inviolabilidad.

Favor por favor

Claro que la actitud del PSOE con Podemos es un favor de ida y vuelta. Tal y como informó ESdiario, la misma mayoría ha logrado evitar la comparecencia de Pedro Sánchez hasta al menos el 8 de septiembre, lo que le permitirá alcanzar los 70 días sin dar cuenta en el Congreso de crisis y problemas tan agudos como Afganistán, Ceuta o el "tarifazo" de la luz.

El contraste entre el silencio del presidente y la comparecencia física urgente de su homóloga alemana, Ángela Merkel, sitúa la transparencia del Gobierno en su dimensión real y repite una estrategia que ya aplicó el pasado invierno cuando, en el apogeo de otra ola de coronavirus, Sánchez se sirvió de las mismas alianzas y de la Navidad para no dar explicaciones durante semanas.