| 27 de Enero de 2022 Director Antonio Martín Beaumont

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Pedro Sánchez y Pablo Casado
Pedro Sánchez y Pablo Casado

Sánchez aísla a Podemos para poder sellar su pacto de Estado con Casado

El presidente del Gobierno necesita desmarcarse de la radicalidad de sus socios para no seguir cayendo en las encuestas y por ello ha optado por apartarse y vetarles en la negociación.

| Andrea Jiménez España

La presencia de Podemos a la hora de renovar las instituciones, siempre ha sido una de las líneas rojas de Pablo Casado. El líder del PP nunca ha querido que un partido que cuestiona permanentemente su legitimidad pueda imponer unos nombres que sirvan, precisamente, para socavar el Estado desde dentro, por ello, una vez que se ha alcanzado un pacto para ello la cuestión seguía flotando en el aire. ¿Había intervenido Podemos en la negociación o el PSOE ha preferido apartar a sus socios?.

La realidad se impone. El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, y el secretario general del PP, Teodoro García Egea, han sido los que, encerrados en el Congreso de los Diputados, han alcanzado un acuerdo que contempla la renovación del Tribunal Constitucional, el Tribunal de Cuentas, el Defensor del Pueblo y la Agencia de Protección de Datos, pero allí no había nadie en representación de los morados.

 De hecho, el portavoz del PSOE en el Congreso, Héctor Gómez, ha evitado aclarar este viernes si su socio de Gobierno, ha aportado nombres a la negociación con el PP para renovar varios órganos constitucionales que estaban en funciones y que este jueves cristalizó en un acuerdo.

En declaraciones a TVE, Gómez ha señalado que en este momento optan por mantener "máxima discreción" sobre los detalles de la negociación al ser preguntado sobre si Unidas Podemos está aportando nombres en este dialogo con el PP o por el contrario es el PSOE el que lleva todo el peso de la negociación.

Bolaños "informa" a Podemos pero éstos no negocian

Sin embargo, ha indicado que el ministro Bolaños, está en permanente contacto con el socio de coalición al que está "informando" y "trasladando" los aspectos de esa negociación, aunque el grupo socialista la está "liderando" debido a su responsabilidad de Gobierno y a que es el grupo mayoritario. Una forma un tanto sutil de decir que la voz cantante la lleva el PSOE y que únicamente están trasladando los resultados a los morados por pura cortesia como miembro de la coalición.

Además, ha evitado dar nombres de candidatos a ocupar los órganos objeto del acuerdo y ha indicado que los trasladarán a la opinión pública "cuando sea oportuno" y cuando esté "cerrada toda la propuesta". 

Sin embargo, de momento, los morados no han querido pronunciarse, más alla de las palabras de la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, que aseguró este jueves que el PSOE le ha dado garantías de que el acuerdo alcanzado por los 'populares' consiste en los mismos términos del preacuerdo que ya se ultimó en febrero.

Ahora hará falta conocer los nombres para ver si Sánchez ha cumplido con su palabra con los morados o si bien ha optado por aislarles, ya que su portavoz ha preferido dar la callada por respuesta para evitar un nuevo cisma en el seno del Ejecutivo.

La renovación CGPJ

Bien es cierto, que el mayor punto de fricción entre todos los partidos es la renovación del CGPJ, ya que la negociación sobre el resto de las instituciones ya estaba 'encarrilada' desde hace meses. Ese punto del acuerdo estaba en suspenso, ante la negativa del Gobierno de realizar una reforma sobre el sistema de elección, y también del intento de los morados de incluir varios nombre, como el de la delegada del Gobierno para la Violencia de Género, Victoria Rosell, que ya tuvo que quedar fuera del acuerdo por su evidente inclinación política.

De hecho, en septiembre del pasado año, el acuerdo estaba prácticamente cerrado entre PSOE y PP, por la buena sintonía entre los responsables de Justicia de ambos partidos, el ministro Juan Carlos Campo, y el consejero madrileño del ramo, Enrique López. Magistrados ambos y los dos con experiencia en el CGPJ, el pacto estaba hecho hasta que irrumpió Podemos.

Iglesias exigió cuatro de los diez vocales del Consejo, casi el 50% de los que le "corresponden" al PSOE, que son los mismos que al PP: diez miembros, un empate entre ambos que, eso sí, rompería siempre un presidente de orientación progresista.

Tras el tira y afloja, Podemos aceptó quedarse en "solo" dos vocales, clave para romper mayorías frente al propio PSOE, pero Casado se plantó ya que no podía aceptar que un dirigente que ataca a la justicia y a los jueces casi a diario tenga a sus peones en el órgano. 

Por ello, ahora, al apartar a Podemos, tal y como ha avanzado ESdiario, la firma del pacto entre PSOE y PP para renovar el Tribunal Constitucional, el Defensor del Pueblo o la Agencia de Protección de Datos es la antesala de un acuerdo mayor impulsado personalmente por Pablo Casado que Pedro Sánchez ya conoce y desbloquearía la renovación del CGPJ, cuyo mandado está caducado desde hace 1.000 días por el empeño del PSOE en adaptarlo a sus necesidades.

Las condiciones de Casado pasan porque Podemos no entre en las negociaciones para elegir a los vocales que formarán parte del Consejo General del Poder Judicial

Los populares harán un sacrificio, pero con condiciones que garanticen que el órgano de gobierno de los jueces no pase a ser una extensión del proyecto invasivo de Sánchez en la Justicia. Para ello, el acuerdo lleva implícita una reforma legislativa que garantice que la próxima renovación se haga con la participación de los jueces para elegir a la mitad más uno de los vocales del órgano.

Y entre medias, varias condiciones para sellar el desbloqueo: que el juez José Ricardo de Prada (autor de la frase en una sentencia menor de la Gürtel que se usó para la moción de censura a Rajoy) no sea uno de los vocales promovidos por el PSOE; que, antes de rubricarlo, se deje claro el inminente cambio legal del proceso de elección para dar entrada a los jueces y que el pacto se limite a las conversaciones entre socialistas y populares.

De esta manera, parece que Sánchez no ha tenido más remedio que aceptar dejar a un lado a sus socios de Gobierno, sumidos en la radicalidad más absoluta con continuos ataques a la Justicia, -intensificados tras la condena por el Supremo al diputado, Alberto Rodríguez- para así poder desbloquear la renovación del CGPJ, algo que podía haber hecho hace meses y no quiso.