La hostelería amenaza con colapsar los juzgados tras la persecución del Gobierno

Las palabras de Fernando Simón hace algunas semanas asegurando que la hostelería lleva aparejada "situaciones de riesgo" de transmisión del coronavirus fueron en último impulso que necesitaba el sector para alzarse contra el Gobierno. Pero las manifestaciones llevadas a cabo por el colectivo estos últimos días, parece que no serán las únicas acciones que podrían llevar a cabo ya que la vía judicial se vislumbra como una solución en busca de una compensación por el cierre masivo de negocios, y ya amenaza con llenar los juzgados de quejas.

La primera en tomar la inciativa fue una plataforma de hosteleros que prepara una demanda colectiva ante el Tribunal Supremo por los daños y perjuicios soportados por el gremio y ha avanzado que presentarán las demandas en grupos de 50 y atrasan la primera presentación para que cada una esté bien sustentada con informes periciales.

Duro revés judicial a Urkullu: el TSJPV tumba el cierre de la hostelería y ordena su reapertura

 Si bien no se puede hablar de cuantías medias por establecimiento hostelero, ya han recabado más de un millar de interesados en demandar, éstas podrían ir desde los 10.000 ó 20.000 euros de un pequeño bar o cafetería, hasta los 3 millones de euros de determinadas cadenas o empresarios que tengan varios negocios. Con todo, indican que la casuística es heterogénea y las cuantías también dependen del territorio porque hay comunidades autónomas con cierres más severos.

Sin embargo, esta parece que no será la única ofensiva judicial por parte de los hosteleros, sino que el presidente de Hostelería de España, José Luis Yzuel, ya ha animado a todos los empresarios del país a que "presenten reclamaciones patrimoniales ante el Estado y las comunidades autónomas" tras la decisión del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) de que los establecimientos hosteleros puedan reabrir en los municipios de la comunidad que se encuentran en 'zona roja' por la alta tasa de incidencia del coronavirus, al considerar que no se ha constatado que este sector sea el causante del aumento de la propagación del virus tras la Navidad.

Mientras tanto, la asociación tiene abiertos 22 procesos de recurso, similares al del País Vasco, en distintas regiones como Aragón, Valencia, País Vasco, Murcia, La Rioja, Galicia, Extremadura, Castilla y León, Cantabria, Asturias, Andalucía, Navarra y Madrid, además de un recurso a nivel nacional, presentado el 13 de octubre en la Audiencia Nacional, que actualmente siguen su curso.

Además, a su juicio, esta decisión judicial "crea un antecedente que para los pies a las autoridades sanitarias, que con pocos elementos razonables, solamente con teorías" están "arruinando" al sector. Así, ha hecho hincapié en que el juez del País Vasco ha sentenciado que se tiene que demostrar que el cierre "sirve para algo", incidiendo en este punto en que los hosteleros tienen "un montón de datos que no nos hacen los culpables de los contagios". De hecho, ha citado el informe de Sanidad del 4 de diciembre, que refleja que "solo un 2,3% de contagios tiene relación con la hostelería", por lo que cerrarla "es gratuito y no arregla el problema. Es más, yo creo que lo empeora".

Varios tribunales tienen recursos pendientes sobre las restricciones

Pero esta sentencia no será la única, ya que los Tribunales Superiores de Justicia de Cataluña, Extremadura, Galicia, Baleares, Asturias y la Comunidad Valenciana todavía no se han pronunciado sobre los recursos presentados para la reapertura de la hostelería en estos territorios y la decisión del País Vasco puede ser imitada en otras regiones.

Mientras tanto, los dirigentes autonómicos siguen tomando sus propias decisiones al respecto de las restricciones al sector, ante un Gobierno inmóvil, que ha dejado a las Comunidades Autónomas a su suerte sin marcar ninguna directriz concreta que vaya más allá del establecimiento de los toques de queda o de la prohibición de reuniones de máximo seis personas.

Extremadura ya ha anunciado que reabrirá los locales de hostelería en algunos municipios, al igual que Madrid, que se plantea ampliar horarios, debido a la bajada de la incidencia, mientras que Galicia y Andalucía defienden sus actuales medidas a este respecto.

Pero al margen de las restricciones, el verdadero problema es que los hosteleros se debaten entre la vida y la muerte de sus negocios, ya que el Gobierno no ha concedido ninguna ayuda directa como sí han hecho otros países europeos. Sánchez anunción un plan para rescatar al sector, pero este se ha quedado en mera propaganda ya que se limita a algunas ayudas indirectas y al aplazamiento de los pagos de cotizaciones e impuestos, dinero, que más tarde tendrán que reembolsar aunque hayan bajado la persiana para siempre.