La Audiencia Nacional enfila a Marlaska con la turbia deportación de menores

Se acaba el tiempo: el Gobierno deberá enseñarle este miércoles a la Audiencia Nacional las órdenes internas que le llevaron a "deportar" a cientos de menores de edad marroquíes instalados en Ceuta tras asaltar la valla el pasado mes de mayo, paralizada provisionalmente por la Justicia en medio de una sonada polémica.

Es un lance decisivo para establecer quién y cómo tomó una decisión que parece no encajar en el ordenamiento vigente y ha tenido una respuesta contundente en contra de un juzgado local, la Fiscalía General, el Defensor del Pueblo y hasta Naciones Unidas, descontentos con una cadena de devoluciones probablemente ilegales que el Gobierno ha pretendido camuflar llamándolas "devoluciones asistidas".

En ese sentido, todas las miradas apuntan al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, como primer responsable. Y él ha asumido el papel, aunque sea para negar el problema, pese a que fuentes diplomáticas consultadas por ESdiario opinan que una decisión así llegar de más arriba: "Esto no se hace sin el conocimiento y el visto bueno del presidente del Gobierno", afirman.

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Y señalan al nuevo ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, como tejedor de una nueva estrategia de pacificación con Marruecos que incluiría esta devolución tan polémica como para que, cuando la planteó VOX hace tres meses, fue tildada de "ultraderechista".

Mientras, Fernando Grande-Marlaska se afana en explicar que su departamento ha actuado de forma legal y "siempre teniendo en cuenta el interés superior" de los chicos. Este "retorno asistido" se tramita, según ha dicho, en virtud del acuerdo bilateral de 2007 que "crea una singularidad concreta" y que "retornas a los que son retornables, no hay ningún riesgo para ellos".

El inexistente "retorno asistido"

Expertos jurídicos consultados por este periódico niegan la mera existencia de la figura del "retorno asistido", ajena a la legislación y sin ningún encaje administrativo: "Es más un concepto político que una realidad legal, para dulcificar lo que se ha hecho", apuntan.

El ministro se ha mostrado "tranquilo" tras el "debate técnico-jurídico" abierto por la suspensión judicial durante 72 horas del retorno de menores marroquíes que accedieron solos a Ceuta en el mes de mayo. En este sentido, ha dicho que "acata" las resoluciones judiciales aunque confía poder explicar en las alegaciones que el procedimiento en virtud del Acuerdo de 2007 con Rabat se basa en una "coordinación óptima" en la que "no hay ningún riesgo" para el menor.

"Esperemos a los tribunales y si alguna cuestión hay que corregir de matiz o no de matiz, se corregirá", ha señalado el ministro del Interior en declaraciones al programa de la Sexta Al Rojo Vivo, insistiendo en su deseo de mantener los "retornos asistidos", que no expulsiones ni devoluciones, según subraya en sus diferentes intervenciones desde este lunes.

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La realidad es que, decida lo que decida la Justicia, el Gobierno sorteará las consecuencias sin asumir ningún coste político: el superviviente Marlaska, indemne en casos tan polémicos como el retorno de etarras a sus municipios o la destitución del coronel Pérez de los Cobos, no va a dejar de ser ministro: se aferrará a las rectificaciones que hay que hacer e intentará trasladar parte de la responsabilidad al presidente de Ceuta, el popular Juan José Vivas.

Otra cosa es hasta dónde llegará la tensión entre PSOE y Podemos, que se ha aferrado a este conflicto para aumentar sus críticas y distanciamiento de su socio de Gobierno en una campaña que no tiene pinta de cesar, sino todo lo contrario: a las deportaciones o el precio de la luz, objeto de confrontación este verano, se le añadirán en otoño nuevos frentes, con la excusa de la negociación de los Presupuestos.

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Aunque Podemos también tiene sobre la cabeza algunos conflictos potenciales, con uno a la cabeza de todos: debe resolver la paradoja de que la jefa en el Gobierno de su cuota de ministros, Yolanda Díaz; depende a su vez de una formación cuya máxima dirigente, Ione Belarra, es técnicamente su subordinada en el Gabinete de Pedro Sánchez. 

Críticas de sus socios de Gobierno

Esa tormenta entre socios ya ha asomado, aunque de momento la posición del PSOE es o darse por enterado, El ministro del Interior ha dicho que "no le consta" que la vicepresidenta Yolanda Díaz se quejara ante el presidente Pedro Sánchez, así como que, pese a las quejas por sendas cartas de Ione Belarra, titular de Derechos Sociales, la "comunicación es constante" entre todas los equipos del Ejecutivo en torno a un "operativo que se conocía adecuadamente por todos".

En este sentido, ha recordado que "todas las cuestiones interdepartamentales se documentan" por diferentes vías, citando entre ellas los email o las cartas: un claro aviso a Belarra, que se ha cansado de decir que no le constaba nada y ahora, según Marlaska, lo conocía incluso por escrito.