El trato de favor a Urkullu provoca una reacción en cadena de los presidentes

Cinco horas estuvieron enclaustrados este viernes en el Monasterio de San Millán de la Cogolla Pedro Sánchez y todos los presidentes autonómicos, con la salvedad de Quim Torra, que se autoexcluyó.

Cinco horas para que a estos últimos les quedara clara una única cosa: los 140.000 millones del fondo de reconstrucción que le corresponden a España no serán administrados por las comunidades autónomas, sino que será el propio Sánchez quien parta y reparta.

El presidente del Gobierno presidirá una comisión interministerial creada a tal efecto. Y a su jefe de Gabinete, el omnipresente Iván Redondo, le corresponderá la tarea de dirigir una especie de unidad de seguimiento. 

El papel de las comunidades se diluirá en una serie de reuniones sectoriales a las que la ministra María Jesús Montero las convocará y en las futuras conferencias de presidentes. 

Los fondos, según explicó Sánchez a sus homólogos regionales, no se repartirán en base a determinados criterios, sino por proyectos. Al estilo de unos fondos de cohesión. Y siempre bajo la batuta de La Moncloa..

Pero el escaso margen de maniobra de las comunidades en la gestión de esos fondos no ha gustado a algunos presidentes regionales. La de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se quejó de que Sánchez les citara "con todo repartido y todo presentado", y sin apenas margen para "ayudar, aportar y mejorar".

El de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, lamentó que Sánchez redujera el encuentro a una "reunión informativa" sin nada concreto, y el de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, pidió al presidente que no reparta maná de la UE en reuniones bilaterales con las comunidades de siempre -Cataluña y el País Vasco- sino en el Consejo de Política Fiscal y Financiera.

Porque ése, el del agravio comparativo, fue otro de los grandes asuntos sobre la mesa, toda vez que Íñigo Urkullu llegó al monasterio con un nuevo acuerdo bajo el brazo para flexibilizar el objetivo de déficit al 2,6%.

Cabe recordar que como el País Vasco y Navarra no están en el régimen común y no han entrado en el reparto de los fondos Covid -nacionales, no de la UE- que el Gobierno ya ha distribuido entre las comunidades (este mismo jueves abonó 6.000 millones de euros), habían pedido al Ministerio de Hacienda flexibilizar su déficit para afrontar el coste de la pandemia. 

Con Navarra el acuerdo se fraguó primero, hasta el 2,3%. Y con el País Vasco fue in extremis este mismo viernes, hasta el 2,6%, para que Íñigo Urkullu acudiera a la Conferencia de Presidentes. 

En febrero, antes de la pandemia, Hacienda fijó para las comunidades del régimen común un déficit del 0,2% que ahora éstas también quieren revisar al alza tras lo conseguido por el País Vasco y Navarra, con vistas a poder elaborar sus respectivos presupuestos de 2021.

Así lo afirmó el presidente gallego en funciones, Alberto Núñez Feijóo, al término de la cumbre. Que a su vez apostó por un modelo de cogestión de los fondos europeos similar al de los landers alemanes. Y también el andaluz Juan Manuel Moreno, que pidió para su tierra exactamente lo mismo que el País Vasco: el 2,6%.  "Los ingresos han caído a plomo y los gastos se han multiplicado por diez", recordó.

No es solo ésta una reivindicación de los presidentes populares. También de socialistas como la balear Francina Armengol, que urgió al Gobierno a lo mismo. 

La ministra de Política Territorial y Función Pública, Carolina Darias, se comprometió allí mismo con las comunidades a celebrar en septiembre un Consejo de Política Fiscal y Financiera en el que acuerden los nuevos objetivos de déficit y deuda pública hasta 2022.