El “caso Pegasus” consuma el decálogo de afrentas de Sánchez al Estado

Esta semana el Gobierno de Pedro Sánchez ha confirmado algo que todo el mundo sabía que acabaría ocurriendo: la destitución de la directora del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Paz Esteban, por los espionajes al teléfono del presidente del Gobierno, la ministra de Defensa y el ministro del Interior. 

Una destitución que desde Moncloa se han empeñado en maquillar, asegurando que se trata de una “sustitución”, pero lo cierto es que hasta el propio Boletín Oficial del Estado recoge la decisión como una destitución. Una cabeza, la de Esteban, que los independentistas estaban pidiendo a gritos desde que se publicó que los espionajes con el programa Pegasus afectaban a al menos 60 políticos secesionistas. 

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Sin embargo, ni siquiera esta cesión a los socios de investidura ha calmado su sed de venganza, ya que ahora piden también la dimisión de la ministra de Defensa, Margarita Robles, como responsable máxima de la seguridad nacional y, por tanto, del CNI. Una traición que, de momento, Pedro Sánchez no va a ejecutar.

Sin embargo la cesión de la máxima autoridad de la inteligencia española es ya de por si de extrema gravedad, tal y como han denunciado desde la oposición el Partido Popular, Vox y Ciudadanos. Pero ésta es solo una de las muchas que Sánchez suma a su decálogo de afrentas a las instituciones democráticas. 

Si analizamos en profundidad cada una de ellas, vemos como a principios del año 2020, Pedro Sánchez anunció que pactaría con Podemos para formar gobierno. Algo que a finales de diciembre del 2019, en plena campaña electoral, dijo que nunca haría. De allí salió el famoso “no podría dormir por las noches”, como respuesta a una pregunta del periodista de La Sexta, Antonio García Ferreras.

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Otra de las traiciones de Sánchez fue pactar con Bildu para recibir su apoyo parlamentario. De hecho, el respaldo de los extremistas vascos, en cuyas filas hay condenados por vinculaciones a la banda terrorista ETA, permitió al Gobierno sacar los Presupuestos Generales del Estado e incluso el último plan anticrisis por la guerra de Ucrania. A cambio, el País Vasco recibiría a presos etarras en sus cárceles, recibirían mayor financiación y mayor independencia institucional. 

Uno de los "grandes hitos" de esta legislatura fueron los indultos a los presos independentistas que perpetraron el intento de golpe de Estado en nuestro país con la celebración ilegal del referéndum del 1 de octubre. Después de que el Tribunal Supremo condenase a penas de cárcel por sedición y malversación de fondos públicos a los principales responsables, el Gobierno levantó estas penas. 

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Mediante los indultos, Junqueras y el resto de “consellers” del gobierno catalán (salvo Puigdemont, que se fugó), fueron puestos en libertad, a cambio eso sí del apoyo parlamentario de Junts y ERC. Unos indultos que, por supuesto, fueron desmentidos en infinidad de ocasiones. Hasta que los confirmaron diciendo que era el momento de “sanar heridas”. Después vendría la mesa de diálogo y, poco después, la cesión de políticas centralizadas a la Generalitat.

Otra de las cuestiones que nunca haría y que al final acabó perpetrando fue el nombramiento de la ministra de Justicia, Dolores Delgado, durante la primera legislatura de Sánchez, como Fiscal General del Estado. De hecho llegó a justificar este nombramiento diciendo que podía hacerlo porque para eso controlaba la Fiscalía. “¿De quién depende la Fiscalía?”, preguntaba en Radio Nacional de España, a lo que un periodista poco rápido le respondió que el Gobierno. Algo que es falso. Pero Sánchez siguió con su cuento y zanjó aquella polémica diciendo “pues eso”.

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Con la pandemia, Sánchez se apresuró a declarar el Estado de Alarma, que si viene era necesario, no era el más idóneo según los tribunales. Por ello declararon todos estos Estados de Alarma “ilegales”, dejando patente la nula iniciativa del Gobierno, así como su torpeza. Una ilegalidad que vino acompañada del cierre total del Congreso de manera inconstitucional, según los tribunales. Una actuación de Sánchez de la cual no se arrepintió. De hecho, dijo que “lo volvería a hacer”, porque era “necesario”.

Y estas semanas, con el “caso Pegasus”, llegamos a otra de las grandes cesiones del Gobierno de Pedro Sáchez: meter a independentistas de Junts, ERC y Bildu en la Comisión de Secretos Oficiales en el Congreso, dejando que los que se declaran enemigos del Estado puedan conocer cuestiones confidenciales que ponen en riesgo laseguridad nacional si son desveladas.

Una cesión que culmina con la destitución de Paz Esteban de la dirección del CNI y con parte del organismo descontento para la utilización política y partidista de la institución. Un “trueque” de Sánchez con sus socios para asegurarse sus sillón en La Moncloa.