Ayuso revela diez "agujeros" del decretazo de Sánchez entre embestidas a Madrid

El decreto de ahorro energético con el que se buscaba apagar las luces de los escaparates o limitar el uso del aire acondicionado a 27 grados sin que las comunidades autónomas rechistaran se está convirtiendo en un auténtico dolor de cabeza para el Gobierno. Y es que, tal y como anunció este lunes la Comunidad de Madrid, su presidenta Isabel Díaz Ayuso llevará al Tribunal Constitucional el “decretazo” por vulnerar derechos de la región. Y ahora sabemos que no han sido pocos los “agujeros” que ha encontrado el ejecutivo regional en la medida de Moncloa. 

Según ha publicado el gobierno autonómico, uno de los puntos más “peligrosos” del decreto es su carácter invasivo, ya que las competencias autonómicas decaen porque “el objetivo del Real Decreto Ley (RDL) no es garantizar el suministro de gas, ya que el mismo RDL afirma que España no tiene ese problema”, por lo que la CAM considera “que no se pueden establecer mínimos ni máximos en las temperaturas de aire acondicionado y calefacción”.

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El ejecutivo regional también cuestiona lo que el Gobierno ha justificado en muchas ocasiones: no es cosa de Moncloa, sino que viene de Europa. Y es que, precisamente desde Bruselas no hay imposiciones: “Ese carácter básico es cuestionable porque nos encontramos ante un acuerdo europeo que no es obligatorio”, justifican desde la CAM.

Entre otros agujeros, Ayuso también ha encontrado choques legales con otras medidas: “El cierre de puertas de los locales y centros de trabajo choca con la normativa de Salud Pública dictada con ocasión de la pandemia por COVID-19 y que establece la necesidad de la ventilación. La defectuosa configuración del régimen sancionador puede llevar aparejada vicios de legalidad o constitucionalidad en las sanciones que puedan imponerse, tal y como sucedió en las derivadas de los estados de alarma” durante el COVID”.

Además, la obligación de instalar cartelería, pantallas, etc. para informar de las medidas de ahorro energético “no contribuye directamente a dicho ahorro energético, por lo que invade competencias autonómicas sin justificación”.

👉 Madrid será la única capital europea que tendrá que apagar los escaparates a las 22:00h.

🔴 Estos son los 10 puntos del Real Decreto Ley de ahorro energético aprobado por el Gobierno central que la Comunidad de Madrid considera inconstitucionales. pic.twitter.com/zxdkZJAw2N

— Comunidad de Madrid (@ComunidadMadrid) August 9, 2022

Otra de las posibles inconstitucionalidades perpetradas por el Gobierno sería extender ese racionamiento energético a consumos de luz que tenga como fuente una energía renovable: “La extensión de las prohibiciones a energías renovables o de autoconsumo excede la necesaria proporcionalidad del RDL”. Si lo que se pretende es ahorro de gas, ¿por qué se prohíbe este tipo de iluminación basada en otras fuentes de energía?”.

Por no hablar, dicen desee la Puerta del Sol, de los choques frontales que supone contra el libre comercio: ““El apagado de escaparates a las 22:00 horas colisiona directamente con la Ley de Libertad de Horarios Comerciales de la Comunidad de Madrid, que permite abrir las 24 horas del día”. ¿Se puede cumplir esa norma con escaparates apagados?”

“Por otro lado, el apagado de edificios públicos chocaría con la competencia del cuidado y utilización de los edificios propios de la Comunidad de Madrid” y con el desarrollo turístico. Asimismo, el adelanto puntual de la próxima inspección de eficiencia energética en instalaciones podría exceder las bases estatales, toda vez que la periodicidad de estas inspecciones no tiene carácter básico”, denuncian desde el gobierno madrileño.

Ayuso también denunciará en el Constitucional que la medida genera una “discrepancia entre la duración prevista de las medidas entre la normativa europea” (1 año) “y la indicada en el RDL” (hasta octubre de 2023)”.

Por ello, la consejera de Medioambiente de Madrid, Paloma Martín, ha reafirmado este martes la postura del gobierno autonómico y ha denunciado que “no se puede permitir la imposición de las medidas a los sectores afectados”. 

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Por su parte, la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha vuelto a redoblar, una vez más, sus ataques a la Comunidad de Madrid y ha afirmado que en ningún momento han contemplado el aplazamiento del decreto de ahorro energético, tal y como ha pedido el PP, al tiempo que ha subrayado que es importante su aplicación y que "no hay una voluntad constatada y generalizada de incumplir las normas”. 

Eso sí, si las hubiera, como ha denunciado en muchas ocasiones el PP, habría “consecuencias”. Así lo ha confirmado en una entrevista en la Cadena SER, donde ha recalcado que el Gobierno no quiere sancionar porque entiende que todas las comunidades van a cumplir la norma.

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"No se pretende sancionar, se pretende encauzar, por lo tanto tenemos que darnos un margen, claro que debemos estar todos vigilantes y reforzar la idea de que las normas están para cumplirlas. No creo que nadie vaya a imponer multas rápidamente, sino al revés, tendrá que haber un procedimiento previo y sobre esa base, de forma proporcionada, ir adoptando medidas”, ha explicado. 

Pero si alguna región, como Madrid, se queja de la norma y no la aplica, ahí Robera se pone “seria” y levanta el dedo: “No obstante, si pasa el tiempo y aquí no pasa nada, habría que pensar obviamente cuáles son los recursos y probablemente lo que corresponde es un conflicto negativo de competencias si se constata que la administración autonómica pretende no aplicar la norma".