Los transportistas vuelven a la carga ante la situación insostenible que viven

La sombra de una nueva huelga de camioneros se cierne sobre el Gobierno de España, y en particular, sobre el Minsterio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana que lidera Raquel Sánchez, que ha actuado con total pasividad ante las peticiones de los transportistas en la última huelga de marzo, que consiguió poner en jaque al Gobierno y a la cadena de suministros.

La Plataforma de Defensa del Transporte ha llegado a este punto después de que, según explican sus responsables, no hayan tenido información sobre las denuncias que dicen haber presentado ante la Inspección del Ministerio de Transportes contra determinados cargadores, que estarían incumpliendo la obligación de pagar los portes por encima del precio de coste. Según sus datos, más de una decena de empresas cargadoras incumplen la norma porque sus precios están lejos de cubrir los costes reales de un camión.

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Un portavoz de la Plataforma Nacional en Defensa del Sector del Transporte explicó que durante la reunión que mantuvieron este sábado en Madrid los representantes provinciales se mostraron a favor de llamar de nuevo a la movilización ante la "pasividad" de la Administración en el control de la aplicación de la norma que obliga a los cargadores a pagar precios que cubran los costes del servicio.

Ante esta decisión, ahora serán los delegados provinciales los que convoquen a socios y transportistas de cada demarcación para que los días 5 y 6 de noviembre se pronuncien sobre si consideran oportuno o no llevar a cabo un nuevo paro indefinido.

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La Plataforma es la organización que convocó los paros del transporte de mercancías del pasado mes de marzo, que mantuvieron durante 20 días y provocaron problemas en las cadenas de suministro, pero no tiene representatividad suficiente para sentarse en los órganos de participación de sector y con el Gobierno.

No obstante, tras estos paros, el Gobierno negoció con el Comité Nacional de Transporte por Carretera, en el que están representadas cinco grandes organizaciones (entre ellas CETM y Fenadismer como las más representativas), algunas de las demandas de la Plataforma, que finalmente fue recibida por responsables del Ministerio. Las peticiones de la Plataforma tienen como base emular la normativa francesa, donde las condiciones respaldan la persistencia de los pequeños transportistas. Entre estas necesidades, los transportistas no sitúan el aumento de la carga máxima a 44 toneladas o los peajes para finales del año próximo.

Descontento general contra la descontrolada situación 

El estallido social es común en muchos países europeos, como se ha visto en las últimas semanas en Francia, donde la población tampoco tolera el aumento descomunal que ha sufrido el coste de la vida. Una situación que se puede acabar replicando en cierta manera en España, pues los transportistas no son el único colectivo descontento y asfixiado con la situación económica española.

La hoja de ruta de los sindicatos españoles no pasa por las mismas coordenadas ni escenarios, de momento, que la de los franceses. En el país vecino las centrales están apostando por escalar el conflicto juntando protestas de varios sectores, mientras que por el momento en España sigue una división que de momento no pone en jaque al Gobierno de Sánchez.

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Los sindicatos, no obstante, no son tan optimistas sobre el mantenimiento de esa paz social. “Los empresarios nos están abocando al conflicto”, afirma la responsable de negociación colectiva de CCOO. “Cuando los trabajadores empiecen a ver como la subida de las hipotecas les hace peligrar la casa o que no llegan a pagar la calefacción durante el invierno vamos a tener un problema. Lo estoy temiendo. O negociamos subidas salariales para todo el mundo o esto se puede descontrolar”, apunta su homólogo de UGT.  

Y es que por el momento el único colectivo en el que no se avista un conflicto con el Gobierno es el propio sector público después de conseguir que los sueldos de los funcionarios suban el 9,5% entre 2022-2024, algo que los demás sectores también buscan para no perder calidad de vida ante la inflación y la desastrosa situación económica.