El juez del caso Pegasus se teme lo peor y blinda los secretos sensibles robados

Mientras el Gobierno trata de dar apagón al escándalo Pegasus en el Congreso, el juez que investiga el espionaje a los móviles de Pedro Sánchez, Margarita Robles y Fernando Grande Marlaska sigue desenmarañando una trama que cada vez tiene más incógnitas y más inquietantes.

El juez de la Audiencia Nacional encargado de investigar el supuesto espionaje al presidente del Gobierno y a los ministros de Defensa e Interior con el programa Pegasus a través de sus teléfonos móviles ha admitido la personación de la Asociación para la Prevención y Estudio de Delitos, Abusos y Negligencias en Informática y Comunicaciones Avanzadas (APEDANICA) como acusación popular, al tiempo que ha advertido que expurgará de la causa toda la información íntima y que afecte a la seguridad del Estado.

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En un auto de este mismo viernes, el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 4, José Luis Calama, ha fijado como requisito para personarse el pago de una fianza de 10.000 euros con el fin de evitar el abuso o uso fraudulento de la figura procesal de la acusación popular.

La decisión de admitir a APEDANICA llega con el criterio en contra de la Abogacía del Estado, que se opuso al entender que los hechos investigados suponen un ataque al derecho a la intimidad de las personas, que es el bien jurídico protegido por el delito de revelación de secretos.

La Fiscalía también se mostró en contra de la personación al considerar que la citada asociación no tenía "un interés legítimo en la causa" y alegando que la misma podía "ser perjudicial para el desarrollo del procedimiento".

Delito contra los "intereses generales"

Con todo, el juez considera que el citado delito no solo afecta al bien jurídico intimidad y autodeterminación informativa sino también a los "intereses generales".

A este respecto, añade que los hechos trascienden el ámbito privado, como así lo ha entendido la Abogacía del Estado al presentar su denuncia en representación no de la persona del presidente del Gobierno y la ministra de Defensa, cuya representación a título particular no ostenta, sino de la propia Administración del Estado.

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Igualmente, el juez Calama entiende que se trasciende ese ámbito privado por haber presentado la denuncia en la Audiencia Nacional al tratarse de un delito contra "altos organismos de la Nación y forma de Gobierno". Y es que, para el juez, la admisión de la acusación popular no es incompatible con la preservación de los datos relativos a la intimidad de las personas afectadas por los hechos investigados.

Por eso, el magistrado advierte de que con carácter previo a la unión de cualquier documentación, con independencia del soporte, "se procederá a expurgar cualquier información relativa a la vida íntima de las personas, seguridad del Estado o cualquier otro tipo de información irrelevante para la causa".

Se trata de la segunda vez que el instructor admite la personación de una asociación como acusación popular. El pasado 17 de junio el magistrado abrió la causa para la Asociación de Juristas Europeos Prolege, a la que también instó al pago de esa cantidad. Sin embargo, Prolege no ha conseguido reunir hasta la fecha la cantidad fijada por el magistrado.

Calama empezó a investigar el 26 de abril, apuntando a posibles delitos de descubrimiento y revelación de secretos, tras la denuncia presentada por la Abogacía del Estado por la infección de los móviles del presidente del Gobierno y la ministra de Defensa, una denuncia que fue ampliada posteriormente tras confirmarse también la intrusión en el teléfono de Grande-Marlaska.

Los informes del Centro Criptológico Nacional sobre los móviles de Sánchez y Robles ponían de relieve que "el dispositivo móvil del presidente del Gobierno analizado fue infectado por Pegasus en dos ocasiones (el 19 de mayo de 2021 y el 31 de mayo de 2021)", mientras que el de Robles habría sido infectado en junio de ese año.

En sendos casos, recogía Calama, los informes fijaban que "se produjo exfiltración de información", pero actualmente ninguno de los dos teléfonos presenta "indicadores conocidos de infección en curso de Pegasus".

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La primera de las intrusiones en el móvil de Sánchez se habría producido en el contexto de la entrada masiva de unos 10.000 inmigrantes en Ceuta entre el 17 y 18 de mayo de 2021 que precisamente llevó a Sánchez a visitar este segundo día la ciudad autónoma, así como Melilla, con el ministro de Interior.

Además, el 18 de mayo fue cuando Marruecos llamó a consultas a su embajadora en Madrid, Karima Benyaicha, la que se había convocado en Exteriores para protestar por los acontecimientos en Ceuta. El mismo día 19, Sánchez estaba en una sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados.

La segunda habría tenido lugar cuando el presidente del Gobierno se encontraba con el primer ministro de Polonia, Mateusz Morawiecki, en Alcalá de Henares con motivo de la XIII Cumbre Hispano-Polaca. Ese día, Marruecos publicó un comunicado en el que indicó que la crisis diplomática estaba motivada por la postura del Gobierno respecto al Sáhara, no por la acogida del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali.