El Gobierno convierte a la SEPI en un 'agujero negro' pese a repartir millones

La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) es un gran agujero negro en el que reina la opacidad, pese a que es uno de los organismos que se ha encargado de repartir dinero público para rescatar a las empresas tras la pandemia -con la polémica de Plus Ultra en el epicentro de todo-, y lo hace, incluso, saltándose la ley.

Así lo ha puesto de manifiesto el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno en el informe con el que ha evaluado el grado de cumplimiento de las obligaciones en materia de publicidad activa, en el que deja claro que la SEPI sólo difunde el 40 % de la información que le obliga la ley.

El organismo encargado de velar porque se cumpla la Ley de Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno ha emitido un demoledor juicio que deja en evidencia que el organismo tiene "carencias" en esta materia que debe solventar.

Ábalos mintió en Plus Ultra: conocía el rescate y lo tapó como secreto de Estado

 Al margen de considerar que "el Portal de Transparencia de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales debería estructurarse conforme al patrón que establece la LTAIBG", algo que no ocurre en la actualidad, desvela que existen informaciones económicas que deberían hacerse públicas de forma inminente.

De hecho, entre la información económica, presupuestaria y estadística que debe publicar se encuentra las subvenciones y ayudas públicas concedidas "con indicación de su importe, objetivo o finalidad y beneficiarios", algo especialmente significativo pues varios altos cargos de la SEPI fueron imputados por la concesión de dinero público a la aerolínea chavista.

En concreto, 53 millones de euros, -canalizados a través de un préstamo participativo de 34 millones y un préstamo ordinario de 19 millones-, fueron a parar a la compañía con cargo al Fondo de apoyo a la solvencia de empresas estratégicas.

Además, para más inri, el CTBG también señala que "no se ha localizado información" relativa a las retribuciones que perciben por sus altos cargos y máximos responsables, sino que "remite al Portal de Transparencia de la Administración General del Estado, enlazando a las retribuciones para el año 2019 para el organismo Ministerio de Hacienda".

Sin embargo, no son las únicas informaciones que oculta sino que el informe hace todo un repaso exhaustivo de varias páginas en el que concluye que el 60% de la información exigida por la ley esta oculta.

Y todo esto lo remata con un diagnóstico lapidario al respecto de la actitud de la SEPI ya que "no publica información adicional a la obligatoria que pueda considerarse relevante desde el punto de vista de la Transparencia de la entidad", ni tampoco "cabe reseñar buenas prácticas" por su parte.

La gran mentira de Ábalos

Pero la opacidad en torno a la SEPI no se circunscribe solo a la entidad sino que también el propio Gobierno ha hecho lo propio al respecto del rescate de la aerolínea chavista. De hecho, según desveló ESdiario, José Luis Ábalos mintió reiteradamente a la opinión pública y al propio Parlamento, con la complicidad del Gobierno, al asegurar que desconocía el expediente, los trámites y la documentación que sirvieron para conceder los préstamos.

La documentación oficial a la que ha accedido este periódico demuestra no solo que Ábalos conocía perfectamente la operación, sino que además hizo todo lo posible para que sus detalles no se conocieran, hasta el punto de que escondió toda la operación declarándola secreto de Estado, utilizando una ley de la época de Franco para evitar el acceso a los detalles.

La investigación de ESdiario arroja un dato hasta ahora desconocido que deja en evidencia al ministro y, de algún modo, al conjunto del Gobierno. Así, desde la Dirección General de Aviación Civil , perteneciente a su Ministerio, y con fecha 5 de julio, se manifestó que los polémicos informes cuya existencia Ábalos afirmó no conocer para después añadir que habían sido elaborados por altos cargos de su ministerio y que habían sido nombrados por el Partido Popular, se hallaban protegidos nada menos que por la Ley de Secretos Oficiales de 1968.