Moncloa apuesta por más represión en vez de legislar para atajar otra pandemia

El Gobierno no quiere hacer una nueva ley para afrontar una nueva pandemia, pese a que el Tribunal Constitucional ha vuelto a expresar su negativa a utilizar el estado de alarma como herramienta. Por segunda vez los magistrados del tribunal de garantías ha declarado inconstitucional la medida impuesta por Sánchez por lo que el Ejecutivo apuesta por endurecerlo y utilizar el estado de excepción ante otra eventual crisis.

La ministra de Justicia Pilar Llop ha insistido este jueves en que el Gobierno cuenta con instrumentos legales para afrontar una pandemia y  ha apuntado a este precepto constitucional  como posible herramienta para gestionar una emergencia sanitaria similar.

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Llop se ha expresado así al ser preguntada sobre si la decisión del TC llevará al Gobierno a presentar un proyecto legislativo que le permita actuar dentro de la Constitución si en el futuro sucede una situación similar a la vivida con la pandemia de covid 19. Una opción que el líder del PP, Pablo Casado, ha pedido de forma reiterada en el Congreso de los Diputados.

La creación de una 'Ley de pandemias', que ha propuesto el líder de la oposición infinidad de veces, no es una opción del Gobierno, sino que Llop prefiere estudiar si el estado de excepción es el paraguas que puede amparar la actuación del Gobierno y las Comunidades Autónomas como parece que recoge la sentencia, aunque la ministra ha matizado que por el momento no ha podido acceder a la misma en su totalidad.

"El Gobierno en todo momento entiende que existen instrumentos legales y constitucionales para abordar una situación de pandemia o de emergencia sanitaria y el propio Constitucional dice que lo que habría que hacer es un estado de excepción, pero es una cuestión jurídicamente controvertida", ha explicado.

Además, Llop ha defendido que los decretos de estado de alarma, ambos tumbados por el TC, fueron "avalados socialmente" por los grupos parlamentarios, excepto Vox y el PP que se abstuvo en la segunda ocasión y que la gestión de la pandemia ha demostrado la eficiencia del sistema de coogobernanza, algo que se ha visto con el sistema de vacunación donde España va a la cabeza de los países de su entorno.

Las consecuencias del estado de excepción

Sin embargo, pese al aval social al que se refiere la ministra, el Ejecutivo necesita una base legal solvente para poder hacer frente a una futura pandemia o a un recrudecimiento de la actual, y ya que no quiere hacer una norma ad hoc, el estado de excepción sería una alternativa durísima en la que los derechos fundamentales podrían ser aún más limitados.

Según la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, de los estados de alarma, excepción y sitio, el Ejecutivo tendría que remitir al Congreso de los Diputados una solicitud de autorización del mismo, en la que detallará los derechos que desea limitar, durante un máximo de treinta días, con una prórroga de la misma duración.

Además, se permitiría la detención de "cualquier persona si lo considera necesario para la conservación del orden"; "podrá disponer inspecciones, registros domiciliarios" si considera necesario suspender el derecho a la inviolabilidad del domicilio; e incluso se podrían intervenir comunicaciones si así se solicita.

De hecho, el estado de excepción podría acabar con todas las libertades constitucionales si el Congreso accediera a ello, ya que se podría suspender el derecho a la libre circulación, el Gobierno podría suspender publicaciones de medios de comunicación;  además de prohibir la celebración de reuniones y manifestaciones y permitir la intervención de industrias o comercios. Sería, en definitiva, el fin de cualquier derecho establecido en la Constitución.