El 8M azuza la guerra más silenciosa de todas las que libran PSOE y Podemos

La polémica ha estallado en las últimas 48 horas y no tiene visos de cesar: la Comisión del 8M, con el nítido apoyo del Ministerio de Igualdad, quiere echarse a las calles para conmemorar de nuevo el Día de la Mujer Trabajadora, con la pandemia todavía en umbrales cercanos a los 300 contagios por cada 100.000 habitantes, lo que en términos sanitarios equivale a una alerta elevada.

"Más feminismo", ha pedido Irene Montero desde hace días, inasequible a los reveladores datos que esta semana han ofrecido dos universidades, la de Zaragoza y la Rovira i Virgili de Cataluña: el retraso de hace un año en la adopción de restricciones incrementó en 23.000 muertes la cifra inevitable que la llegada del coronavirus hubiera provocado.

Su cálculo se sustenta en un complejo modelo matemático y aritmético que confirma lo que era un secreto a voces: en España se perdió una semana preciosa en tomar medidas, pese a los avisos de la Unión Europea y de la OMS, y ese retraso se pagó con una mortalidad excesiva que coloca a España entre las peores del mundo en víctimas totales de la pandemia, con 90.000 pese a la resistencia del Gobierno a contabilizar 30.000 de ellas. 

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Pese a las evidencias, la Comisión del 8M, una especie de heredera de los círculos que fundaron Podemos y ahora están desaparecidos o ignorados por el propio partido, ya hace públicamente llamamientos a "tomar las calles" y ha incrementado su propaganda desde sus canales oficiales. 

Su idea, según confirman en su entorno a ESdiario, es escenificar al menos una vistosa manifestación en Madrid, sumando varias con 500 personas en cada una de ellas y, a la vez, atomizarse en pequeñas concentraciones por toda España que en todo caso excederán del ámbito virtual para volver a lanzar imágenes como las del año pasado, una polémica edición que terminó con el contagio de Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez, y de las ministras Carmen Calvo, Carolina Darias y la propia Irene Montero.

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La celebración de aquel 8M no fue la única razón de la "bomba vírica" que desde entonces se extendió por toda España, según los especialistas, pero sí la razón de que se permitieran decenas de eventos de masas que esparcieron el virus como en pocos otros países. "Para no aplazar el Día de la Mujer, se permitió de todo", recuerdan fuentes médicas a este periódico. Y ese "todo" fueron desde mítines de VOX hasta partidos de fútbol o carreras populares.

Ahora llega el 8M con la incógnita de si se impondrá el criterio del Ministerio de Sanidad, partidario de la suspensión total; el de la Delegación del Gobierno, con cupos de medio millar de participantes o el que realmente quiere Podemos, que es el del monopolio de una jornada que quiere hacer suya.

La guerra política

Esto último es clave. Y explica por qué Echenique defendió el jueves las marchas y por qué el PSOE intentó frenar a Podemos, sin demasiado éxito: el partido de Montero aceptó moderar su discurso y dejó de convocar a las marchas... pero se puso al servicio de la Comisión 8M, que mantiene su hoja de ruta.

La explicación, según reconocen fuentes socialistas, es que Podemos ha colocado la "defensa" de la mujer como su causa prioritaria, con la creencia de que ahí puede encontrar un nicho electoral masivo donde hacerle daño al PSOE. Eso explicó la presión de Montero para celebrar el 8M del año pasado a toda costa. Y eso explica su intención de volver a las andadas ahora.

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"Entonces la excusa fue la Ley de Libertad Sexual, hoy paralizada y contestada por el Poder Judicial", explican las mismas fuentes. "Y hoy es esa misma ley y la de transexualidad y tercer sexo", añaden. Entonces al PSOE le temblaron las piernas y se puso al frente de la pancarta para no regalarle la foto a sus socios y rivales.

Pero hoy algo ha aprendido, a un precio sanitario inmenso, y no lo pondrá tan fácil. Las ministras Carolina Darias y Margarita Robles ya se han posicionado contra echarse a las calles en nombre de la mujer trabajadora. Y Carmen Calvo se ha tomado muy en serio frenar y modificar las leyes con las que Montero intenta llenar de ideología un carísimo Ministerio de Igualdad al que Pedro Sánchez le ha entregado, nada menos, 451 millones de euros.