El plan de Casado para parar el asalto a la Justicia de Sánchez: "No todo vale"

El líder del PP, Pablo Casado, ha dado a conocer este lunes su propuesta para evitar el asalto a la Justicia que planean PSOE y Unidas Podemos.  Y es que como "nunca habían llegado tan lejos" en su intento de ocupar las instituciones del Estado, Casado quiere "volver a los orígenes" y que los jueces sean elegidos por los jueces".

Así, ha asegurado que la intención del partido es que se "cumpla el mandato constitucional", un compromiso que "adquirió con los electores", para volver al sistema que "eligieron los constituyentes". Y es que, a su juicio, "no todo vale" y más cuando el vicepresidente está imputado por tres delitos. Por lo que ha anunciado que seguirá informando a las instituciones europeas para que evalúen este tipo de reformas que ponen en riesgo la independencia de la Justicia.

Casado reta a Sánchez a atreverse a investigar la financiación venezolana de Iglesias

Además, ha planteado algunas otras medidas para fomentar la "despolitizar" la justicia, de manera que se prohíba que los juristas que hayan ocupado cargos políticos puedan ser candidatos a las ocho plazas reservadas vocales del CGPJ. También pretende impedir que los Parlamentos autonómicos puedan designar como aspirantes al Consejo a magistrados que formen parte de los Tribunales Superiores de Justicia. 

Casado ha asegurado que su iniciativa "plantea" que "todas las decisiones del CGPJ" se adopten por "mayoría reforzada de tres quintos" y  ha propuesto que los informes del CGPJ sean obligatorios para cualquier reforma legal que les afecte, para evitar que se vuelvan a proponer reformas como la anunciada por los partidos del Gobierno, sin tener en cuenta a los principales afectados, además de avanzar que su texto incluye una fórmula para incidir en la "despolitización de la Fiscalía General del Estado".

Junto a ello, ha destacado que la propuesta de Sánchez e Iglesias va mucho más allá de las medidas tomadas por Hungría y Polonia y que supusieron un grave reprimenda por parte de las instituciones europeas. Por ello, cree que dar marcha atrás a esta reforma es vital para que lleguen a España los fondos europeos de reconstrucción.

De esta manera, el PP planta cara a la propuesta de PSOE y Unidas Podemos de suprimir la mayoría de 3/5 necesaria para la designación de los 12 vocales del turno judicial para el Consejo General del Poder Judicial, sustituyéndolo por una mayoría absoluta que daría al Gobierno la posibilidad de elegirlos gracias al llamado 'bloque de la investidura'.

Así, el PP insiste en su proyecto en que el máximo órgano de Gobierno de los jueces sea elegido directamente por integrantes de la carrera judicial que que se encuentren en activo y mediante el voto "personal, igual, directo y secreto".

De hecho, esta siempre ha sido la línea seguida por los propios magistrados que siempre han defendido que sean sus colegas de profesión los que decidan, en lugar de dejarlo en manos de los partidos políticos.

Y es que, el portavoz del PP en el Senado, Javier Maroto ya anunció este domingo que la propuesta de los populares tenía como objetivo que los jueces del CGPJ "sean elegidos por los jueces", y conseguir que la intervención de Podemos en la decisión sea "ninguna".

Plantón de la judicatura al Ministerio de Justicia

Por su parte, y tras la propuesta del Gobierno para reformar el CGPJ, la Asociación de Fiscales (AF), mayoritaria en la carrera, se ha unido al plante anunciado por las dos principales asociaciones de jueces, la Profesional de la Magistratura (APM) y la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), y ha anunciado que no estarán presentes en la reunión virtual a la que habían sido convocados este lunes por el Ministerio de Justicia.

Se unen así a la respuesta que de forma casi mayoritaria se ha producido en ámbitos judiciales sobre una reforma que "afecta de lleno a la independencia judicial, incide en una mayor politización de la Justicia y pone en riesgo la división de poderes reconocida en la Constitución como pilar básico de nuestro Estado de Derecho".

Añaden, no obstante, que "en los delicados momentos en los que estamos viviendo" entienden que "prima la defensa de los valores superiores que sustentan nuestra democracia" , por lo que ellos no pueden ser "cómplices de cambios legislativos apresurados y sin el debido consenso" y quedan a la espera de nuevas noticias del Ministerio para reanudar su colaboración.