Vox busca parar los pies a Sánchez y sus entregas a los nacionalistas vascos

Sánchez sigue con su plan desde que se instaló en Moncloa de ceder en todo lo que le pidan los nacionalistas, tanto vascos como catalanes, para intentar no perder sus apoyos y mantenerse hasta las elecciones, pero cada vez se le complica más y ahora es Vox, el que ha recurrido ante el Tribunal Constitucional la reforma laboral aprobada recientemente por el Congreso y los últimos Presupuestos Generales del Estado, que llevaban una disposición secreta al final.

El partido liderado por Santiago Abascal ha llevado los presupuestos al TC después de desvelarse  una disposición final primera introducida "de forma sorpresiva" tras un pacto con el PNV para que las instituciones vascas tengan la capacidad de crear su propio cuerpo de secretarios e interventores municipales.

Este "peaje al nacionalismo", según denuncia Vox, vulnera la Constitución sobre las competencias exclusivas del Estado y solo fue aceptado ante "la necesidad del Gobierno de sacar adelante sus Presupuestos Generales". "Otra indigna cesión indigna cesión al PNV al entregar a nuestros funcionarios de la Administración local al País Vasco con una transferencia de la competencia íntegra", avisa Olona.

Vox 'estampa' a Sánchez en su sede en una llamada masiva ante el saqueo

"Es evidente que la disposición final primera impugnada atribuye, con vocación de permanencia, a la Comunidad Autónoma vasca competencias que el legislador estatal considera incluidas en el ámbito de lo básico", concluye el partido de Abascal.

La cesión al PNV ha suscitado interés en el independentismo catalán. Ahora, ERC y Junts per Catalunya quieren hacer un "frente común" en las Cortes para que la competencia sobre los funcionarios de la administración local con habilitación nacional se transfiera a las Comunidades Autónomas al igual que se ha hecho en el caso de País Vasco utilizando los PGE 2022.

Vox ha recurrido además que la reforma laboral se aprobara mediante la figura del Real Decreto Ley pese a que en el preámbulo dice querer corregir "importantes desequilibrios que el mercado laboral español arrastra desde hace décadas". A su juicio, se trata de un "abuso" que el Gobierno ha convertido "en una herramienta para imponer su voluntad", algo con lo que quieren acabar de una vez por todas.