18 de Mayo de 2021 Director Antonio Martín Beaumont

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Cataluña empezó la vacunación por orden judicial

Guardias civiles contagiados, la consecuencia de la discriminación en Cataluña

Los sindicatos policiales han denunciado que hay un grupo de 15 guardias civiles del Grupo de Reserva y Seguridad confinados después de detectarse un brote de covid.

| A. J. España

Cataluña no vacunó a los guardias civiles y a los policías destinados en la comunidad autónoma y eso ha tenido sus consecuencias. 15 agentes de la Benemérita están confinados después de detectarse un brote, tal y como han denunciado los sindicatos policiales.

Los afectados son  15 efectivos de la Guardia Civil destacados en la central nuclear de Vandellós II, en Tarragona. Los agentes forman parte del GRS de Barcelona y han dado positivo tras practicarles las pruebas de coronavirus.

 Entre las asociaciones profesionales que se han quejado por este brote está la mayoritaria AUGC, que denuncia que "casi la totalidad, 15 de 18 efectivos, de los agentes del GRS de Barcelona están contagiados" se han visto afectados. Aseguran que es "la consecuencia de no haber vacunado a los guardias civiles en Cataluña". Ninguno había recibido la dosis contra el Covid-19.

AEGC, otra de las asociaciones profesionales, también ha denunciado estos hechos y lo ha relacionado con la "discriminación" que sufren los agentes por decisión del gobierno autonómico, que "negó la vacuna mientras se aceleraba el proceso en los Mossos".

 

La Justicia obligó a vacunar

Tanto asociaciones del Instituto Armado como sindicatos de la Policía Nacional ya presentaron  querellas contra los responsables de sanidad de la Generalitat por el atraso acumulado durante semanas al no vacunar en la misma proporción a los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que a los componentes de Mossos d'Esquadra o policías locales.

Por lo que tuvo que ser el TSJ de Cataluña el que obligase a la Generalitat a emprender de inmediato la vacunación, lo que ocurrió este lunes, siguiendo las pautas marcadas para toda España por el Ministerio de Sanidad. El Gobierno aseguró días antes de la decisión judicial que vacunaría a los agentes si las autoridades catalanas no inmunizaban a los efectivos policiales.