El número dos de Podemos más cerca del banquillo: podría llegar al TS en enero

Menos de dos meses. Ese es el tiempo estimado para que esté listo el suplicatorio de Alberto Rodríguez, secretario de Organización de Podemos, y pueda sentarse en el banquillo del Tribunal Supremo, una vez que hizo uso de sus beneficios como aforado. El Congreso ya ha dado el primer paso para acabar con el privilegio que siempre ha criticado la formación morada y que servirá para poner frente al juez al diputado por un presunto delito de atentado contra la autoridad y una falta de lesiones.

De hecho, el suplicatorio que el Tribunal Supremo ha solicitado para investigar Rodríguez ha sido calificado este lunes por la Mesa del Congreso iniciando así su tramitación en la Cámara Baja. Según han precisado a Europa Press fuentes parlamentarias, la petición para levantar el fuero al diputado ha pasado este primer trámite con el apoyo de todos los miembros del órgano de gobierno de la Cámara.

El magistrado del TS Antonio del Moral acordó elevar suplicatorio al Congreso para suspender la inmunidad como aforado de Alberto Rodríguez y poder proceder así penalmente contra él por unos incidentes en una manifestación de 2014, al considerar que existen indicios de que propinó una patada a un policía durante los incidentes que se produjeron el 25 de enero de 2014 durante una manifestación contra la LOMCE en La Laguna (Santa Cruz de Tenerife).

El Congreso activa la cuenta atrás para sentar en el Supremo al número dos de Podemos

 De hecho, el diputado  se había negado a prestar declaración voluntaria como investigado y había solicitado el archivo de la causa, agarrándose a los privilegios de los que goza como condición de aforado.

De esta manera, y una vez que se ha dado el primer paso, los plazos recogidos en el Reglamento del Congreso para estos trámites establecen un total de 60 días hábiles desde que se solicita el suplicatorio, que normalmente no se agotan, por lo que antes de dos meses Rodríguez podría sentarse ante el juez.

A partir de ahora, Batet tiene cinco días para trasladar el expediente a la Comisión del Estatuto del Diputado, que dispone de un máximo de 30 hábiles para presentar una propuesta y esta comisión, que preside la socialista Begoña Nasarre y cuyas reuniones se celebran a puerta cerrada, deberá dar audiencia al afectado, bien sea en persona o por escrito, para que pueda presentar sus alegaciones en el plazo de diez días.

Una vez concluya su tarea, las comisión elevará su conclusión al Pleno de la Cámara, que es el que tiene la última palabra y donde el PSOE, con 120 diputados, tiene un papel clave. En anteriores suplicatorios la Comisión del Estatuto del Diputado ha resuelto este trámite en unas dos semanas.

El trámite es siempre a puerta cerrada y sin transparencia

Eso sí, el debate y votación de los suplicatorios en el Pleno del Congreso tampoco es público, sino que se desarrolla con el hemiciclo a puerta cerrada y sin transparencia de ninguna clase. Además, los diputados tampoco están obligados a seguir consignas de voto ya que su decisión es secreta. Sólo se da a conocer el resultado.

Hasta ahora el Congreso ha aprobado 32 suplicatorios y ha rechazado 14 (dos de ellos sobre el mismo diputado). La última negativa del Congreso data de 1988 y se refiere a un contencioso por derecho al honor que tenía como protagonista al exministro socialista José Barrionuevo y el hermano del etarra Soraes Gamboa por incluir sus fotos en carteles de Interior.