La Fiscalía, al rescate de Sánchez, sabotea toda la investigación sobre el Covid

Ni siquiera que se admitan a trámite y se escuchen los argumentos de los demandantes. La Fiscalía quiere sabotear cualquier investigación sobre la gestión del Gobierno sobre la pandemia del Covid.

El departamento que dirige la exministra de Justicia, Dolores Delgado, propone que el Tribunal Supremo dé con la puerta en las narices a colectivos como los  médicos, las enfermeras, policías y guardias civiles, que denuncian la palpable falta de medios que les expuso durante el estado de alarma.

También dar el cerrojazo a las explicaciones que exigen los familares de los casi 50.000 fallecidos. En el punto de mira, el propio Pedro Sánchez, algunos de sus ministros como Salvador Illa o Fernande Grande Marlaska y el doctor Fernando Simón.

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La Fiscalía del Supremo ha entregado este lunes un informe de más de 300 páginas en el que se posiciona en contra de la admisión de la veintena de querellas que han venido presentándose desde el inicio del estado de alarma contra el Gobierno por su gestión del coronavirus.

El análisis de los fiscales que intervienen en los informes se centra en los delitos más denunciados, que además del presuntamente cometido contra los trabajadores son el de muerte o lesión por imprudencia, prevaricación administrativa y omisión de socorro. No se encuentran indicios de que la actuación del Gobierno, en especial la del ministro de Sanidad, Salvador Illa, o del presidente, Pedro Sánchez, pueda incardinarse en ninguna de los delitos denunciados.

Los menos habituales en las querellas, pero cuya posible existencia en la acción el Gobierno también se analiza por los fiscales, son los de falsedad y hasta de genocidio, según las mismas fuentes. Tampoco encuentra la Fiscalía de Dolores Delgado indicios de la comisión de estas conductas criminales.

Entre unas y otras se mezclan acciones presentadas por sindicatos médicos, de consumidores, partidos políticos como Vox -todos ellos en calidad de acusación popular- pero también las instadas directamente por familiares de víctimas de la pandemia, en calidad de acusación particular e incluso una instada por el Pleno de un ayuntamiento manchego.