El Consejo de Transparencia fustiga a Sánchez por la opacidad de su Gobierno

El Consejo de Transparencia  y Buen Gobierno es el organismo encargado de velar por el buen gobierno y la rendición de cuentas ante los ciudadanos de las acciones del Ejecutivo. Y, pese a las promesas de transparencia que Pedro Sánchez hizo hace tres años, al acceder al poder mediante una moción de censura, el equipo dirigido por José Luis Rodríguez Álvarez no lo ha tenido fácil para hacer su trabajo con el Ejecutivo de PSOE y Podemos.

Fundamentalmente, por la falta de fondos suficientes, algo que sorprende mientras el Gobierno de Sánchez no duda en dedicar grandes esfuerzos inversores a otros organimos que, quizás le interesan más, como el CIS de Tezanos.

El jefe del Consejo de Transparencia critica a Sánchez por no dotarle de medios

Pese a estas dificultades, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno presentará próximamente en el Congreso de los Diputados un informe demoledor para Sánchez, pues le retrata como uno de los gobernantes más opacos que se recuerdan en la historia democrática de España.

Según la memoria del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, los ministerios de Interior, Política Territorial y Función Pública, Sanidad y la Presidencia del Gobierno fueron, por ese orden, los organismos que más reclamaciones recibieron por cuestiones de falta de transparencia durante el año 2020, marcado por la pandemia del coronavirus.

El año pasado se presentaron en el Consejo 2.985 iniciativas ciudadanas, frente a las 3.747 de 2019, es decir, un 20,34% menos, lo que el Consejo relaciona con la suspensión de los plazos administrativos y otras medidas adoptadas para superar la crisis sanitaria.

En concreto, en el caso de las solicitudes de información su tramitación estuvo suspendida entre el 14 de marzo y el 1 de junio, salvo para los supuestos "estrechamente vinculados a los hechos justificativos del estado de alarma". Entraron 83 reclamaciones en marzo, nueve en abril y mayo, 158 en junio, 237 en julio y 229 en agosto.

Del total de 2.985 iniciativas registradas en 2020, 1.704 (un 57%) fueron reclamaciones por las respuestas obtenidas ante las peticiones de información a los órganos de la Administración General del Estado, los organismos y entidades del sector público estatal y el 44% se plantearon ante los órganos autonómicos que tienen convenios con el Consejo.

Desestimado el 41% de las quejas

En ese ejercicio, el Consejo resolvió 876 reclamaciones referidas al ámbito estatal, admitiendo a trámite el 81% de ellas, estimando la mitad, desestimando el 41% y archivando el 5,3%.

El 75% de las reclamaciones (654) se presentaron ante ministerios, siendo el de Interior el organismo estatal que más recibió (171, el 19,52%), seguido de Política Territorial y Función Pública (59, el 6,74%), Sanidad (55 reclamaciones, el 6,28%) y Presidencia del Gobierno (47, un 5,37.%).

Felipe VI rinde cuentas con un informe que avala su plan de austeridad y transparencia

Respecto a los motivos de estas quejas, el primer dato que destaca el Consejo es el "elevado número de reclamaciones que se presentan frente a solicitudes de acceso a información pública resueltas por la vía del silencio administrativo, es decir, sin que el organismo o la entidad reclamada hayan dictado resolución en el plazo legalmente establecido.

En concreto, en el conjunto de las 876 reclamaciones tramitadas, 404 (el 46%) se han planteado frente a actos presuntos, no formulados expresamente, de modo que él o la reclamante desconocía a priori los motivos por los se había denegado su solicitud. El segundo motivo por el que más se reclama (192 casos, 22% de las quejas) tiene que ver con que la respuesta recibida es incompleta.

Perfil de las personas que reclaman

Cerca del 21% de las reclamaciones versaban sobre información jurídica, el 17% sobre información estadística y el 10% sobre procesos selectivos para el empleo público.

Respecto al perfil de los reclamantes, el 59% eran personas físicas sin especificar, un 25% periodistas, un 6% representantes de la sociedad civil o apoderados de personas jurídicas sin especificar y un 4% apoderados de asociaciones sindicales.

Como en memorias anteriores, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno destaca la brecha de género entre los reclamantes, ya que sólo el 21,58% de las quejas las plantean mujeres, frente al 78,31% que llevan la firma de hombres.