La Fiscalía del Supremo planta cara a Sánchez y desbarata su plan: hubo rebelión

Avisó la fiscal general del Estado al Gobierno de que la Fiscalía redactaría sus escritos de acusación en la causa del procés "sin ataduras" y así ha sido. 

A pesar de las feroces presiones, Pedro Sánchez no ha podido torcer el brazo a María José Segarra y los fiscales del Tribunal Supremo, que mantienen el delito de rebelión de Oriol Junqueras, Carme Forcadell y el resto de presos contra viento y marea.

Durante toda la instrucción, los fiscales siempre han mantenido que la jornada del 1 de octubre hubo violencia en los colegios electorales. Y lo mantienen hasta las últimas consecuencias.

Horas después de confirmarse la claudicación de la Abogacía del Estado, obligada a conformarse con la sedición y la malversación porque así lo ha querido Sánchez, la Fiscalía ha vuelto a poner el listón en lo más alto.

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Los fiscales piden para Junqueras -el que peor parado sale- 25 años de prisión por un delito de rebelión agravado con malversación de caudales públicos, así como 25 años de inhabilitación.

Para los Jordis, Sánchez y Cuixart, solicita 17 años, como también para la expresidenta del Carme Forcadell.

Y 16 para los exconsellers Joaquim Forn, Raul Romeva, Jordi Turull, Josep Rull y Dolors Bassa. Con estos últimos, igual que con Junqueras, al delito de rebelión añade la Fiscalía el de malversación por las partidas de dinero público empleadas para el falso referéndum del 1-O.

Mientras, para Carles Mundó, solicita 7 años de prisión por un delito de malversación y un delito continuado de desobediencia grave. En la misma situación están Meritxell Borrás y Santi Vila.

Mientras, en la causa que se sigue en la Audiencia Nacional contra el procés, la Fiscalía ha remitido el escrito en el que solicita 11 años de prisión contra el exjefe de los Mossos d'Esquadra Josep Lluís Trapero también por rebelión, en lugar de los dos delitos de sedición y un de organización criminal por el que fue procesado.