25 de Enero de 2021 Director Antonio Martín Beaumont

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Zapatero y Ábalos en una imágen de archivo

Ábalos se enfrenta al banquillo por el accidente con 80 muertos herencia de ZP

La plataforma de víctimas del accidente del Alvia demandará al Ministerio de Transportes por imponer una 'ley del silencio' tras la muerte de 80 personas en 2013.

| Andrea Jiménez España

A José Luis Ábalos se le abre un nuevo frente judicial. Una herencia del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, ya que la plataforma de víctimas del accidente del Alvia ocurrido en julio de 2013 en Angrois (Santiago) demandará al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana por "la negativa a investigar" el siniestro ferroviario, que provocó 80 muertes y más de 100 heridos.

Coincidiendo con la presentación de esta demanda, paso previo al inicio de un contencioso-administrativo, la plataforma realizará una concentración frente al ministerio este viernes, de 11,30 a 12,30 horas.

En concreto, el motivo es la entrega y registro en Transportes de la documentación correspondiente al inicio de los trámites para demandar al departamento de José Luis Ábalos y a la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) "por su falta de independencia e incumplimiento de la normativa comunitaria y nacional en relación con la investigación de la tragedia".

 Tras el procedimiento de infracción abierto a España por la Unión Europea y "la negativa a investigar la tragedia, como exige Europa", la asociación de afectados cuenta con acudir a los tribunales de lo contencioso administrativo, si bien, "por imperativo legal", primero presentará varias peticiones en vía administrativa.

La única investigación realizada hasta el momento por la CIAF señaló al maquinista como el único responsable, por circular con un exceso de velocidad antes de tomar la curva de A Grandeira.

La Agencia Ferroviaria de la Unión Europea censuró este informe por falta de independencia y tanto el Parlamento Europeo como la Comisión han instado en reiteradas ocasiones al Estado español a que acometiese una nueva investigación que sí sea independiente y profundice en las causas del siniestro.

Sin fecha prevista para el juicio, el instructor volvió a decidir el cierre de las pesquisas (pendiente de la resolución de la Audiencia Provincial sobre los recursos) con dos imputados, el maquinista y el exresponsable de seguridad de Adif, la empresa pública encargada de la infraestructura ferroviaria, en la que afirma que no hubo una correcta evaluación del riesgo.

Y es que, este cierre en falso de la investigación sigue planeando sobre uno de los 'hombres' de Zapatero, el que fuera ministro de Fomento, Pepe Blanco, que en 2010 se apresuró a inaugurar el tramo donde se produjo el siniestro para que estuviera en funcionamiento para las elecciones gallegas y antes de las generales, que acabaron con el Gobierno socialista en favor de Mariano Rajoy.

Las víctimas siempre han considerado que Blanco no actuó de forma diligente ya que "firmó y autorizó un cambio de proyecto original, suprimiendo el sistema de seguridad en el tramo más peligroso, donde aparece la primera curva después de una larga recta", y donde se produjo el siniestro.

Así, lo pusieron de manifiesto cuando el exvicesecretario general del PSOE fue nombrado junto a José Montilla, consejero de Enagás, ya que no entendían este nombramiento con "tan nefasto currículum".