| 23 de Abril de 2024 Director Benjamín López

× Portada España Investigación Opinión Medios Chismógrafo Andalucía Castilla y León Castilla-La Mancha C. Valenciana Economía Deportes Motor Sostenibilidad Estilo esTendencia Salud ESdiario TV Viajar Mundo Suscribirse
Sánchez y Calviño, en una sesión de control al Gobierno en el Congreso.
Sánchez y Calviño, en una sesión de control al Gobierno en el Congreso.

Fiscalía da cerrojazo a su investigación del "caso calviño" que destapó ESdiario

Anticorrupción decreta el archivo tras la llegada del nuevo fiscal general sin apenas realizar diligencias sobre el presunto trato de favor a la empresa del marido de la vicepresidenta econó

| Miguel Blasco España

Siempre exhaustiva en sus investigaciones sobre los presuntos casos de corrupción que salpican al PP, la Fiscalía ha dado cerrojazo a un escándalo sonado que destapó ESdiario y que salpica a la vicepresidenta Nadia Calviño, a su marido, y a subvenciones otorgadas por la propia ministra de Economía.

La Fiscalía Anticorrupción ha acordado archivar la investigación sobre las presuntas irregularidades en la concesión de fondos europeos a Beedigital, una empresa que estaría vinculada al marido de la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, ante la "ausencia de indicios".

Fue el pasado viernes cuando el fiscal jefe, Alejandro Luzón, dictó un decreto por el cual archivó las diligencias de investigación sobre Páginas Amarillas Soluciones Digitales SA, ahora conocida como Beedigital, de la que el marido de la vicepresidenta sería director de marketing en el momento de recibir las ayudas.

 

Según Anticorrupción, "no consta intervención directa ni indirecta de la vicepresidenta en el contrato celebrado de PASD/BeeDigital con la GISS, en la concesión de los avales por parte del ICO y en el denominado Kit Digital".

El Ministerio Fiscal comenzó a investigar el pasado mes de abril a raíz de la denuncia que presentó el Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea de Madrid por las presuntas irregularidades en los contratos de emergencia aprobados por el Ejecutivo que lidera Pedro Sánchez.

En este caso en concreto, los populares explicaron que la adjudicación del contrato "se realizó cuando la empresa tenía deudas con el Estado por valor de 1,6 millones" y que cuando se prorrogó el contrato en 2020 la deuda ascendía a 884.000 euros.