Tres miembros del CGPJ piden a Lesmes que plante cara a las amenazas de Podemos

Marejada en la cúpula del Poder Judicial. Un sector del CGPJ promueve una respuesta institucional clara y contundente ante las amenazas y los ataques a los jueces desde el entorno de Podemos y desde algunos de sus propios dirigentes, como Isa Serra, Pablo Echenique o Alberto Rodríguez.

Aprovechando la denuncia del juez del caso Dina, Manuel García Castellón, que ha llegado a revelar amenazas de muerte tras investigar y acusar a Pablo Iglesias de tres delitos, tres vocales del órgano judicial han movido ficha.

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Quieren que este órgano vaya más allá de tomar simple conocimiento del escrito por el que el juez de la Audiencia Nacional les informó de la campaña de desprestigio personal y profesional e intimidación que está sufriendo en redes sociales a raíz de solicitar al Tribunal Supremo que abra causa al vicepresidente.

El juez del caso Dina, Manuel García Castellón, que ha denunciado amenazas de muerte.

Así, tras la discusión de este asunto en la Comisión Permanente de este jueves, los vocales Nuria Díaz, Juan Manuel Fernández y Juan Martínez Moya, han anunciado la formulación de un voto particular al acuerdo adoptado porque entienden que en el mismo debería haberse hecho una referencia a la importancia del respeto a la autoridad judicial, tal y como recoge el derecho europeo.

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No obstante, y pese a su petición, las consecuencias de esta toma de conocimiento de las amenazas se limitará por el momento a solicitar a la Policía, ante la que el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 ha presentado denuncia, que le informe del resultado de las investigaciones sobre la campaña en redes sociales contra el magistrado.

Según el juez García Castellón, dirigentes políticos vinculados al propio Gobierno de coalición, con la visibilidad propia del papel institucional que representan y la atención que reciben de los medios, le señalan de forma directa en las redes sociales "sabiendo la repercusión que sus palabras pueden tener, le colocan en una situación de absoluta indefensión y descrédito profesional".

Las amenazas, según señaló García Castellón en su escrito al presidente del Consejo, Carlos Lesmes, comenzaron a raíz de conocerse el contenido de su exposición razonada al Supremo, en el que somete a consideración del Alto Tribunal la investigación de Pablo Iglesias y de la vicepresidenta tercera del Congreso de los Diputados, Gloria Elizo, así como de otras cuatro personas.