| 28 de Marzo de 2024 Director Antonio Martín Beaumont

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Alberto Rodríguez, número dos de Iglesias, acorralado por la Justicia.
Alberto Rodríguez, número dos de Iglesias, acorralado por la Justicia.

El Congreso activa la cuenta atrás para sentar en el TS al número dos de Podemos

El suplicatorio para procesar a Alberto Rodríguez está ya en manos de la presidenta del Congreso. En días comenzará el debate sobre su aforamiento tras negarse a renunciar al privilegio.

| M.B España

Dado que el secretario de Organización de Podemos, Alberto Rodríguez, se ha negado a renunciar a su privilegio como "aforado" como diputado del Congreso, la maquinaria legal para sentarle ante un juez del Tribunal Supremo por un supuesto delito de agresión a un policía comienza su cuenta atrás para despojar al número dos de Pablo Iglesias en la dirección morada de su blindaje. Un blindaje, en la antigua terminología podemita, de "casta".

Así que el suplicatorio que el Supremo ha solicitado al Congreso para investigar a Rodríguez ya está en poder de la presidenta de la Cámara, la socialista Meritxell Batet, quien este próximo lunes lo llevará a la Mesa de la institución para que arranque su tramitación.

El magistrado Antonio del Moral acordó elevar dicho suplicatorio para suspender la inmunidad como aforado de Alberto Rodríguez y poder proceder así penalmente contra él por unos incidentes en una manifestación de 2014. El diputado de Podemos se había negado a prestar declaración voluntaria como investigado y ha solicitado el archivo de la causa.

El suplicatorio es necesario para continuar con la tramitación del procedimiento penal abierto contra él en septiembre por un presunto delito de atentado contra la autoridad y una falta -o delito leve- de lesiones al considerar que existen indicios de que propinó una patada a un policía durante los incidentes que se produjeron el 25 de enero de 2014 durante una manifestación contra la LOMCE en La Laguna (Santa Cruz de Tenerife).

Los trámites para la aprobación de un suplicatorio están regulados en los artículos 13 y 14 del Reglamento del Congreso, que establecen una serie de plazos que se contabilizan en días hábiles y que comienzan a contar una vez que llegue a la Cámara el suplicatorio enviado por el presidente del Supremo, actualmente Carlos Lesmes. En total, son 60 días hábiles, que normalmente no se agotan.

El primer paso es la recepción del suplicatorio por la Mesa del Congreso, lo que, según han informado fuentes parlamentarias sucederá el próximo lunes. A partir de ahí, Batet tendrá cinco días para trasladar el expediente a la Comisión del Estatuto del Diputado, que dispone de un máximo de 30 hábiles para presentar una propuesta.

Esta comisión, que preside la socialista Begoña Nasarre y cuyas reuniones se celebran a puerta cerrada, deberá dar audiencia al afectado, bien sea en persona o por escrito, para que pueda presentar sus alegaciones en el plazo de diez días.

Una vez concluya su tarea, las comisión elevará su conclusión al Pleno de la Cámara, que es el que tiene la última palabra y donde el PSOE, con 120 diputados, tiene un papel clave. En anteriores suplicatorios la Comisión del Estatuto del Diputado ha resuelto este trámite en unas dos semanas.

Eso sí, el debate y votación de los suplicatorios en el Pleno del Congreso tampoco es público, sino que se desarrolla con el hemiciclo a puerta cerrada y sin transparencia. Los diputados tampoco están obligados a seguir consignas de voto ya que su voto es secreto. Sólo se da a conocer el resultado.