La Fiscalía a la que el PSOE acusa de favorecer al PP rescata a Chaves y Griñán

Cuando llegó a los Juzgados de Sevilla para relevar a la magistrada Mercedes Alaya, la juez María Núñez Bolaños suscitó no pocos recelos, tras una decisión -la de la salida de Alaya- de la Audiencia Provincial de Sevilla en la que muchos vieron la larga mano del PSOE. La implacable Alaya había sacado a la luz uno de los principales casos de corrupción relacionados con la Junta de Andalucía, el fraude de los cursos de formación.

Ahora, mientras los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán han sido ya imputados en otros sumarios, como el de los ERE, la jueza Núñez ha sorprendido este miércoles con una resolución que ha provocado cierta estupefacción en algunos sectores de la judicatura especialmente por la postura del fiscal del caso.

La magistrada ha rechazado imputar a Chaves y Griñán en la pieza separada de los cursos de formación que afecta a uno de sus subordinados en la Junta, exconsejero de Hacienda Ángel Ojeda, en relación con los 33 millones de euros que recibieron las empresas del grupo Prescal para la formación de los extrabajadores de Delphi.

La magistrada, en un auto conocido este miércoles, rechaza así la petición realizada por la Asociación de Trabajadores de Delphi, a la que se ha opuesto también la Fiscalía Anticorrupción porque "no existen en la causa indicios, al menos por el momento, de la participación de los anteriores presidentes de la Junta, por más que los denunciantes puedan alegar sospechas, que de momento no pasan de simples conjeturas".

Esta decisión llega en el mismo día en el que el PSOE ha afeado en el Congreso al Fiscal General del Estado, José Manuel Maza, que haya dado instrucciones a los fiscales para que sean benévolos con algunos casos de corrupción que afectan a dirigentes del PP, como el presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez. El portavoz de Justicia del PSOE, Juan Carlos Campo, ha llegado a acusar a Maza de encabezar una purga de los fiscales progresistas.

El fiscal Fernando Soto se pronunció así ante la petición de la instructora respecto a la posibilidad de acumular en esta pieza separada una denuncia presentada por la Asociación de Trabajadores de Delphi, después de que los antiguos empleados recibieran a lo largo de 2016 del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) dos demandas en las que se les reclama el reintegro de los subsidios percibidos por desempleo.

El fiscal no se opuso a que se acumulara la denuncia de los extrabajadores de Delphi a la causa de Ángel Ojeda, que inicialmente había recaído en el Juzgado de Instrucción número 20, aunque consideraba que la asociación "tan solo ha de ser admitida como acción popular, por lo que procede la imposición de fianza".

Ahora, y por medio de un auto, la juez acuerda acumular dicha denuncia a la causa tras apreciar "posible conexidad" pero aclara que no será objeto de la misma "un supuesto engaño por representantes de la administración andaluza a estos trabajadores con ofertas de puestos de trabajo".