Los empresarios llevan al Gobierno al Supremo por los planes de Irene Montero

Al Gobierno se le abre otro nuevo frente, con Igualdad en el punto de mira. Y es que parece que todo lo que rodea a Irene Montero termina convertido en polémica, tanto las leyes que intenta articular desde su Ministerio, que acaban en una pelea constante entre sus socios de Gobierno, como con sus 'privilegios' que han derivado en una denuncia ante la Fiscalía por el uso de una asesora como 'niñera'.

Pero ahora, otro problema llega al Supremo, después de que la CEOE haya recurrido el procedimiento de negociación de los planes de igualdad en las empresas cuando en ellas no exista representación legal de los trabajadores. Una norma aprobada el pasado mes de octubre y presentada a bombo y platillo por María Jesús Montero, Yolanda Díaz e Irene Montero para lograr una "igualdad real" en las empresas.

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 La CEOE no está de acuerdo en que, en aquellas empresas sin representación legal de los trabajadores, se imponga a unos negociadores concretos para determinar los planes de igualdad, sin dar opción a la plantilla a buscar a otros representantes, aunque al final opten por los más representativos, algo que ya manifestaron el pasado mes de julio, al considerar que el texto que se había acordado con los sindicatos pretendía realizar "una reforma laboral encubierta".

"La democracia en las empresas pasa por permitir que las personas trabajadoras negocien y decidan libremente lo que les afecta sin tutelajes", denunció CEOE en un comunicado.

Combate judicial

La patronal se quejaba además de que la norma obstaculiza el acceso a licitaciones públicas a las empresas que no han negociado los planes de igualdad con los sindicatos y, en cambio, da prioridad a garantizar la penetración de los sindicatos en las empresas donde no tienen representación.

A su entender, el decreto "cercena" la capacidad de negociación de los trabajadores "en beneficio exclusivamente sindical". Por ello, la CEOE señaló que lo que le apartaba del acuerdo con los Ministerios de Trabajo y de Igualdad era "una cuestión política de calado, completamente ajena a la igualdad con la que las empresas españolas están seriamente comprometidas".

Todo esto ha hecho que la patronal, que ya aseguró que combatiría "por todos los medios", incluido el judicial, las "extralimitaciones" detectadas en el decreto, haya presentado ante el Supremo un recurso contencioso-administrativo para frenar los excesos de la norma.