| 23 de Marzo de 2024 Director Antonio Martín Beaumont

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Salvador Illa
Salvador Illa

La Justicia acorrala a altos cargos de Sánchez por sus contratos en pandemia

La querella, presentada por Vox, se centra en 13 de las 54 adjudicaciones que se hicieron entre el 13 y el 15 de marzo de 2020, por un valor de 310 millones de euros.

| ESdiario España

A Pedro Sánchez le siguen creciendo los enanos, está vez en el tema que menos se esperaba ahora mismo, la compra de material sanitario durante la pandemia. Vox presentó una querella por irregularidades en la compra de material sanitario durante la primera ola por parte del ministerio de Sanidad.

La querella de Vox se centra en 13 de las 54 adjudicaciones que se hicieron entre el 13 y el 15 de marzo de 2020, por un valor de 310 millones de euros. La querella sostiene que el real decreto por el cual se adoptaron medidas urgentes para dar respuesta al impacto económico de la pandemia, también dio la cobertura necesaria a una serie de contratos que no se ajustaron a la legalidad.

Concretamente, Vox dice que este tipo de contratos permitieron que no se justificaran las compras de material, que tuvieron un sobrecoste muy elevado, comparándolas con otras compras de los mismos días. Además, se adjudicaron a empresas sin experiencia técnica.

Los imputados son responsables de los organismos que can centralizar las compras del Gobierno: Sanidad y Hacienda. Entonces, el ministro de Sanidad era Salvador Illa y la dirigente de Hacienda es la misma que ahora, María Jesús Montero. Los imputados, sin embargo, son Alfonso María Jímenez, Paloma Rosado y Patricia Lacruz: director general del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, directora general de Racionalización y Centralización de la Contratación y la de Cartera Común del Servicio del Sistema Nacional de Salud y Farmacia, respectivamente.

De los 56 contratos que investigan, al menos 12 habrían sido concedidos a empresas de existencia dudosa, en las que "no consta su identidad fiscal, ni si tienen establecimiento físico en España o fuera". Además, algunas no acreditaron su solvencia económica. Vox denuncia que las adjudicaciones hechas en aquel momento no se fiscalizaron.

Niegan las acusaciones ante el juez

Los investigados han sostenido que las contrataciones siguieron lo que marca le ley tanto para su publicidad como para su adjudicación y sólo han reconocido algunos errores de poco calado de los que ha responsabilizado a los funcionarios y que ha atribuido a las circunstancias en las que se trabajaba en esos días.

Sobre lo inadecuado de las empresas, los querellados han explicado que "el listado de los contratantes lo facilitó el embajador de España en Pekín" y que ellos no tenían información al respecto ni "ninguna responsabilidad".