| 16 de Agosto de 2022 Director Antonio Martín Beaumont

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Pedro Sánchez
Pedro Sánchez

Sánchez siembra el caos: media España clama contra su racionamiento energético

Entre los problemas de competencias y las consecuencias que pueden traer sus medidas, medio país está en pie de guerra contra las medidas de ahorro energético impuestas por Sánchez.

| Andrea Jiménez España

Las medidas impuestas por Sánchez para ahorrar en energía ha degenerado en un caos absoluto. Comunidades en pie de guerra, ayuntamientos, incluso socialistas, que aseguran que no renunciarán a su iluminación, y un vacío a la hora de controlar que se cumplan las sanciones, son solo algunos de los ingredientes que han terminado por dinamitar un plan que a día de hoy parece más postureo del presidente, -sin corbata, claro-, que algo eficaz.

Isabel Díaz Ayuso fue la primera en dar la voz de alarma ante los problemas que se avecinaban y, como suele ser habitual, Moncloa se lanzó a por todas, lanzando todo tipo de insultos contra la presidenta regional. Sánchez incluso llegó a asegurar que tenía un "comportamiento egoísta, insolidario y unilateral" al rechazar aplicar el plan de ahorro energético.

Pero poco a poco han sido más los que se han sumado a las negativas de Ayuso. De hecho, desde el PP hacen extensibles las críticas de la presidenta al resto de dirigentes del partido, que mantienen una postura común, pues tal y como ha señalado el vicesecretario de Economía del PP, Juan Bravo, la principal crítica que hacen desde la formación es "hacerlo de manera unilateral".

Bravo ha negado que haya una "discusión" sobre el tema de eficiencia energética y ha apuntado que el problema está en por qué "frente a hacer estímulos positivos" como pueden ser ayudas de los fondos europeos para favorecer ese ahorro "tiene que ser el efecto contrario" y, además, anunciar sanciones. "Entendemos que hay otra manera de hacer las cosas (...) Nosotros tenemos que tener capacidad para dar respuestas lógicas y consensuadas, a ser posible", ha añadido.

Una postura que comparte, también el lehendakari, Íñigo Urkullu, que ha lamentado que no se hayan contrastado las sanciones. A su juicio, en esta cuestión, se podría haber hecho patente "la tan proclamada cogobernanza sin excluir, de inicio, la intervención normativa de las Comunidades".

Y es que, los establecimientos que no cumplan con las exigencias del decreto se exponen a multas que van desde los 60.000 euros hasta los 100 millones de euros en los casos de mayor gravedad, según el régimen sancionador recogido en el Reglamento de Instalaciones Térmicas de los Edificios (RITE), dispuestas a su vez los artículos 30 a 38 de la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria, sobre infracciones administrativas.

Sin embargo, en el texto publicado en el BOE no se incluye específicamente el régimen sancionador de oficial aplicación, por lo que a las administraciones regionales les surgen las dudas sobre si debe aplicarse esta ley de industria o alguna otra de carácter estatal o incluso autonómico.

Las regiones avisan de que recurrirán a la Justicia

Ante esto varias comunidades ya se plantean acudir a los tribunales, como ya avanzaron Madrid y Murcia y ahora el vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Juan García-Gallardo, de Vox, ha pedido una reunión "urgente" al presidente del Gobierno de Castilla y León y socio de la coalición con el PP, Alfonso Fernández Mañueco, para estudiar interponer un recurso de inconstitucionalidad "cuando proceda" frente a lo que considera una "nueva cacicada" del presidente del Gobierno.

"No vamos a permitir que los españoles sigan pagando los disparates del Gobierno socialista", ha advertido en concreto García-Gallardo a través de un mensaje en su cuenta personal de Twitter.

Y a través de un comunicado de prensa remitido por Vox, el vicepresidente de la Junta acusa al Gobierno socialista de "engañar y arruinar" a los españoles al recortar libertades y derechos a utilizar sus instalaciones y sus medios de vida, con el único objetivo, añade García-Gallardo, de "tapar su incapacidad política y su fanatismo climático".

 

Por otra parte, y al margen de la pelea política, diversos sectores han avanzado que las medidas impuestas por Sánchez tendrá terribles consecuencias. En primer lugar, los policías, que ya han asegurado que sumir en la oscuridad a las ciudades conllevará un aumento de la inseguridad.

Problemas de inseguridad en las ciudades

Desde el Sindicato Unificado de Policía, aseguran a La Razón que "con más luminosidad en las vías públicas es obvio que se aumenta la seguridad en los individuos. Por un lado, de una forma subjetiva de seguridad entre la ciudadanía y, por otro lado, de una forma objetiva en la que los delincuentes huyen de la exposición pública y de la luz para cometer delitos".

Una postura que comparten otros sindicatos y asociaciones como Jupol o Jucil, que además, recuerdan que "es mucho más difícil identificar a alguien en las sombras de la noche", al mismo tiempo que también los es encontrar testigos que puedan ratificar la existencia de delitos.

Más afectados por otras medidas del Gobierno son los comerciantes, tal y como ha señalado Rafael Torres, presidente de la Confederación Española de Comercio, en Cope, donde ha desgranado algunos de los problemas a los que se enfrentan ante el racionamiento energético.

Los comerciantes, en pie de guerra

El primero de ellos tiene que ver con las formas, puesto que Sánchez ha decidido colocar los aires acondicionados a 27 grados y las calefacciones a 19,  "a espaldas del sector", y teniendo en cuenta otros factores, dada las diferencias climáticas de España. "En Córdoba no puedes implantar una misma restricción que, por ejemplo, en La Coruña, porque no hace el mismo calor fuera", ha dicho.

Además, en cuanto a estas diferencias, Torres cree que tendrían que ser diferentes en comercios en concreto, como supermercados o restaurantes. "Un supermercado necesita una temperatura inferior, porque el calor que desprenden los frigoríficos puede afectar a los alimentos frescos", ha explicado.

Por ello, ya ha avanzado que se están empezando a sentir las primeras consecuencias en algunos establecimientos, pues "en muchos restaurantes, el calor en los salones es muy molesto y la gente se está empezando a ir y a no quedarse a comer".

Y no son los únicos que advierten de que tener el aire acondicionado puesto pero a 27 grados o más no es suficiente para determinados puestos de trabajo. Los propios sindicatos afines al Gobierno, entre ellos UGT, ha recalcado este jueves que "la temperatura en los centros de trabajo debe ajustarse a la normativa de prevención de riesgos laborales", por lo que "las empresas han de tener en cuenta los parámetros de temperatura en función del tipo de trabajo".

Es decir, que el límite de 27 grados para todo tipo de trabajos impuesto por el Gobierno podría ser insuficiente e inexacto, dejando patente una vez más la ineficacia de las medidas del Ejecutivo, tal y como reconocen, incluso, sus organizaciones sindicales.