Casado exige a Celaá que aleje las manos de hijos porque no son del Estado

El PP ya ha presentado el recurso ante el Tribunal Constitucional contra la nueva ley educativa aprobada por el Gobierno con el apoyo de los independentistas. Pablo Casado ya había anunciado que iba a hacer todo lo posible para frenar una norma que, a su juicio, atenta contra la libertad educativa y ha exigido a la ministra Isabel Celaá aleje "las manos de la formación familiar de nuestros hijos", ya que "no son del Estado".

Además, ha vuelto a exigir la dimisión o la destitución inmediata de la ministra Isabel Celaá por sus "impresentables" palabras pronunciadas contra el diputado popular Juan José Matarí, padre de una hija con Sindrome de Down al que acusó, en el Congreso de los Diputados, de no saber de lo que hablaba cuando criticó el ataque de la nueva norma a la educación especial  

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 Los populares han iniciado, así, su ofensiva contra la norma educativa para evitar que entre en vigor, junto a UPN, porque consideran que su labor como oposición debe fundamentarse en "defender la libertad, la calidad de la educación y la unidad del sistema". De hecho, ha recordado que desde el PP se ha intentado "hacer un pacto educativo desde el principio", algo que Sánchez siempre ha rechazado.

Además, el PP considera que la nueva norma de Sánchez supone un "ataque frontal a la educación concertada", y también el que se produce contra la educación especial, y ha insistido en que será derogada en cuanto su partido llegue al Gobierno, puesto que es "injusta" y atenta contra los valores constitucionales. 

"Defendemos una escuela de calidad, donde prime la calidad, y no vamos a aceptar que se utilicen nuestros hijos como herramientas de un proyecto de ingeniería social", ha asegurado el líder de los populares, que ha reiterado que "los hijos no pertenecen al Estado", por lo que debe dejar de influir en los valores que se trasmiten desde las escuelas. 

Pero Casado, no solo ha cuestionado el contenido de la norma, siono también las formas con las que se ha conseguido su aprobación ya que "el Gobierno no ha pactado con la comunidad educativa, no ha pedido un informe al Consejo de Estado y se ha tramitado en pleno estado de alarma, aprovechando el rodillo parlamentario cuando los profesores se estaban jugando la vida".