El caso de corrupción que salpica a Zapatero se activa con una decisión judicial

El caso Morodo, una investigación judicial sobre los nexos entre el PSOE y el régimen chavista durante la etapa de José Luis Rodríguez Zapatero, regresa al primer plano de la actualidad.

El juez de la Audiencia Nacional, Alejandro Abascal, ha remitido al Juzgado de Instrucción decano de Madrid un informe de la Agencia Tributaria sobre una sociedad titulada por Cristina Cañeque, la mujer del exembajador español en Venezuela, Raúl Morodo, para que investiguen si cometió un delito fiscal.

En la causa que se sigue en la Audiencia Nacional, el juez indaga en los más de 4,5 millones de euros que Raúl Morodo y su círculo más íntimo habrían recibido entre 2011 y 2015 de la petrolera chavista PDVSA.

En un auto del pasado 15 de febrero, el responsable del Juzgado Central de Instrucción Número 1 remite el documento elaborado por la Unidad de Apoyo a la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada y que indaga en la actividad y el patrimonio de MS TRADING SL.

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Abascal deja claro que esta nueva línea de investigación debe ser asumida en los Juzgados de Madrid al no existir "conexión entre la defraudación que se atribuye al matrimonio Morodo-Cañeque" y que está siendo investigada en la Audiencia Nacional "con los hechos" contenidos en el informe de la Agencia Tributaria.

En el documento, la Agencia Tributaria señala que aunque "no se puede inferir que la actividad y el patrimonio" de la sociedad "estén relacionados con los fondos obtenidos ilegalmente y procedentes de PDVSA por el entramado del cónyuge y del hijo de Cristina Cañeque, sí se puede asegurar que se observan graves irregularidades contables y fiscales en la sociedad".

Raúl Morodo, el exembajador socialista en Venezuela, en una de sus declaraciones en la Audiencia Nacional.

Así, apunta que "si bien MS TRADING ha podido percibir determinadas cuantías procedentes de PDVSA -la empresa petrolera pública del régimen de Nicolás Maduro- a través de las sociedades" del exembajador y de su hijo Alejo Morodo Cañeque, "estas percepciones pueden tener incidencia en la regularización fiscal que se practique a la sociedad en una comprobación inspectora". "MS TRADING ha sido utilizada como vehículo de evasión fiscal mediante diversas vías", señala la perito.

Algunas de las mismas, explica, habían sido las ampliaciones de capital realizadas con aportaciones no dinerarias valoradas arbitrariamente por la entidad y que "sirven posiblemente para aflorar rentas no declaradas de su socia", la propia Cristina Cañeque.

Hacienda también apunta a la elaboración de la contabilidad "con gravísimas anomalías" y que a su juicio "distorsionan absolutamente la realidad e impiden conocer la naturaleza de las operaciones realizadas, ya que una misma partida de su balance, puede aparecer según su conveniencia, como neto patrimonial en un año y al siguiente como pasivo".

Además, también cree que la sociedad podría haber hecho que no constasen "ninguno de los hechos relevantes en las memorias de las cuentas anuales, de manera que éstas contienen las mismas irregularidades que la contabilidad".

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"Repartiendo a Cristina Cañeque y a su familia beneficios de la sociedad encubiertos como gastos de ésta, de manera que, en muchos ejercicios resulta un falso resultado negativo de la cuenta de pérdidas y ganancias", asegura la perito, que cree que también se pudieron camuflar "ingresos procedentes de otras empresas del grupo minorando el valor de las participaciones de éstas".

4.5 millones de euros en comisiones

En la causa que se sigue en la Audiencia Nacional, el juez indaga en los más de 4,5 millones de euros que Morodo y su círculo más íntimo habrían recibido entre 2011 y 2015 de la petrolera chavista PDVSA.

El anterior instructor de la causa, Santiago Pedraz, seguía el rastro del dinero. Así pidió a Estados Unidos que aportara información sobre movimientos en cuentas bancarias de PDVSA y del hijo de Morodo, algunos de los cuales se justificaron con una factura firmada por René Arreaza, quien fuera coordinador general de la Vicepresidencia venezolana de José Vicente Rangel.

Los investigadores señalan que los Morodo habrían recibido más de 4,5 millones de euros de PDVSA "carentes de justificación real y lógica comercial". La Fiscalía apuntó que estos hechos podrían ser constitutivos de delitos de blanqueo de capitales, corrupción en las transacciones comerciales internacionales, falsedad documental y contra la Hacienda Pública.