| 20 de Abril de 2024 Director Benjamín López

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Los barones se rebelan, ahora que Sánchez les ha tocado la "cartera".
Los barones se rebelan, ahora que Sánchez les ha tocado la "cartera".

Lambán se rebela junto a Page y Revilla y llevará a Sánchez a los tribunales

No se han rebelado por los trapicheos con el independentismo, pero ahora los barones socialistas dan la batalla cuando les han tocado la cartera. Ahora es el turno de Aragón.

| M.B España

Poco a poco, autonomía tras autonomía, independientemente del color político de sus presidentes, la rebelión contra el gobierno de Pedro Sánchez se apuntala y ya va camino de los tribunales.

Mientras La Moncloa pone todos sus recursos en la mesa de negociación con Esquerra y con la Generalitat, las regiones recibieron este pasado viernes la confirmación de un desplante institicional en toda regla: el Ministerio de Hacienda no tiene la menor intención de pagar los atrasos del IVA.

Una partida millonaria que, como quedó claro en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, María Jesús Montero no se plantea a abonar.

 

Fueron primero los presidentes del PP los que alzaron la voz. Pero después el barón socialista más díscolo, Emiliano García-Page, siguió la estela llevando al Ejecutivo Central a los tribunales. Después, el presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, anunció una iniciativa similar y este lunes a la reacción autonómica se ha sumado el presidente de Aragón, Javier Lambán.

Los servicios jurídicos y económicos del Gobierno de Aragón "están trabajando en la reclamación" al Ministerio de Hacienda de los 80 millones de la recaudación del IVA del último trimestre de 2017. Lo ha revelado este lunes la consejera de Presidencia, Mayte Pérez, dejando claro que el Ejecutivo no ha decidido aún qué hacer. "Vamos a estudiar las reclamaciones pertinentes", ha subrayado.

De esta forma, el Ejecutivo regional va a "esperar" a que se cumpla el plazo de 15 días que Javier Lambán ha dado a la ministra María Jesús Montero, antes de emprender cualquier acción legal, plazo que concluye el 19 de febrero. "La decisión dependerá" de la valoración que realicen los servicios jurídicos y de que la solución "se ajuste a los intereses de Aragón", sostiene el ejecutivo aragonés.

Un frente que sigue creciendo en vísperas de que comiencen a diseñarse los primeros presupuestos generales de Sánchez.