| 25 de Abril de 2024 Director Benjamín López

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Jordi Cuixart
Jordi Cuixart

El Gobierno no tiene escapatoria ante el "indulto con premio" a Cuixart

Una pregunta parlamentaria pone contra las cuerdas al Ejecutivo que tendrá que informar acerca de si concedió ayudas a la empresa del indultado por el 'procés'

| A. J. España

El Gobierno sigue con su política de ayudas y subvenciones que, a veces, tienen destinatarios cuanto menos polémicos y que le obligan a dar la cara ante la opinión pública. Y es que, nadie entiende que la empresa del indultado por el 'procés' Jordi Cuixart obtenga una subvención por parte del Ministerio de Ciencia de 176.000 euros, pero ahora ya no tiene escapatoria y tendrá que dar la cara. en el Congreso de los Diputados.

Al menos eso es lo que intenta el diputado del Grupo Mixto, Pablo Cambronero, que ha dirigido una pregunta parlamentaria al Gobierno al respecto del asunto, aunque en otras ocasiones se ha encontrado con el muro de Moncloa, que cierra filas y se niega a dar respuestas.

En concreto, el parlamentario ha reprochado al Ejecutivo que "el indulto concedido a Cuixart parece que no ha sido suficiente premio para el independentismo" ya que "fue concedido a cambio de los apoyos al Gobierno en presupuestos y otras iniciativas legislatuvas en el Congreso de los Dipitados", sino que además "diversos medios publican que el Ministerio de Ciencia ha concedido la cantidad de 176.000 euros a la empresa Aranow Packaging, de la que es propietario Cuixart".

Por ello, no solo quiere saber si la información es realmente cierta, cuestionando directamente por la ayuda, sino que además ha interrogado acerca de la forma en la que se ha adjudicado. Es decir, Cambronero ha preguntado "si ha habido un procedimiento de concurrencia competitiva y una justificación de utilidad pública para la concesión".

Además, quiere que Moncloa informe si esta polémica ayuda "tiene que ver con el anterior otorgamiento del indulto al propietario de la empresa Aranow Packaging,  Jordi Cuixart", que fue condenado a nueve años de prisión por sedición, una condena ratificada por el Constitucional, que consideró promovió "un levantamiento multitudinario proyectado de forma estratégica", pero que el Gobierno decidió perdonar.