Ayuso vuelve a plantar cara a Moncloa y lleva a la Audiencia el decreto del ocio

Isabel Díaz Ayuso se faja de nuevo y se rebela contra la última ofensiva de Moncloa contra la Comunidad de Madrid. Y pese a la limitada marcha atrás de Sanidad -en buena medida por la advertencia del PNV-, Madrid lleva a los tribunales el último decreto impuesto por el Gobierno en el seno del Consejo Interterritorial de Salud del pasado miércoles.

El Gobierno madrileño ha presentado un recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional contra la declaración de actuaciones coordinadas frente al coronavirus que aprobó el Consejo Interterritorial, ratificado mediante orden, por la ministra de Sanidad, Carolina Darias.

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Así lo ha anunciado Isabel Díaz Ayuso, denunciando que esas nuevas medidas impuestas a la CCCAA "son arbitrarias y atentan contra el sentido común e interés de los madrileños". "Para seguir arruinando a la gente que no cuenten conmigo", ha advertido la dirigente madrileña.

Hemos presentado un recurso en la Audiencia Nacional contra las normas frente al COVID que el gobierno de Sánchez quiere aplicar en Madrid.

Son arbitrarias y atentan contra el sentido común e interés de los madrileños.

Para seguir arruinando a la gente que no cuenten conmigo.

— Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) June 7, 2021

La Comunidad ha solicitado además medidas cautelarísimas al amparo del artículo 135 Ley de la Jurisdicción contencioso administrativa, medidas que poco después la Audiencia ha decretado.

Así consta en un auto, en el que se acuerda suspender, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Madrid, la ejecutividad de las medidas contenidas en los apartados A), B) y C) del anexo de la Orden Comunicada objeto de recurso interpuesto por el Gobierno regional.

De este modo, se concede el plazo de tres días a la Administración General del Estado demandada, "a fin de que pueda efectuar las alegaciones que estime oportunas".

Los magistrados argumentan que si no se adoptara ahora la medida cautelarísima, y se esperase a la adopción de una medida tras la tramitación ordinaria de la pieza separada de medidas cautelares, "el escenario de incertidumbre se vería seriamente agravado y perjudicado si se admite un cambio en el nivel de restricciones".

"Se generarían así tres niveles distintos de restricción en un lapso temporal breve, lo que no es fácilmente justificable para el ciudadano, destinatario último de la protección pública insita en la discusión que nos ocupa", recalca la Sala.

Desde el Ejecutivo madrileño argumentan que en la Comunidad de Madrid rige actualmente la Orden 572/2021, de 7 de mayo, de la Consejería de Sanidad, por la que se establecen medidas preventivas para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el Covid, una vez finalizada la prórroga del estado de alarma.

Desde la Puerta del Sol subrayan "el perjuicio que se deriva como consecuencia de la invasión de competencias que ha supuesto la orden de la ministra" e inciden en que ostentan la competencia para la adopción de medidas especiales en materia de Salud Pública. A su parecer, es "evidente que esta competencia se viene utilizando, pues tras la finalización de la prórroga del estado de alarma se dictó la Orden 572/2021, de 7 de mayo, de la Consejería de Sanidad".

Consideran que "sumir al ciudadano en un régimen de medidas voluble, impuesto sorpresivamente sin razón alguna, sustituyendo de un día para otro la regulación existente, es una afrenta clara a la seguridad jurídica".

Para el Gobierno de Díaz Ayuso, la declaración "se encuentra viciada ante el hecho incuestionable de no haber sido adoptada por consenso en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud".