La izquierda danesa retirará las ayudas a los inmigrantes que no trabajen

Dinamarca ha roto un tabú y ha lanzado un desafío a toda Europa con una decisión que, viniendo de un Gobierno de izquierdas, resulta aún más llamativa: retirar toda ayuda o subvención a los inmigrantes que no coticen, con su trabajo, o vincularlas a que desempeñen todo tipo de tareas de refuerzo de los servicios públicos para amortizar el gasto que comportan.

El país de la "sirenita" ha sido uno de los espejos en los que se siempre se ha querido fijar Podemos. "Los ejemplos nórdicos, el bienestar en Dinamarca o Suecia, deben ser los ejemplos en España", decía Pablo Iglesias en sus inicios, ensalzando la calidad de los servicios públicos del país. Una referencia habitual en el lenguaje del PSOE.

La socialdemocracia danesa siempre ha sido para la izquierda un referente, e incluso el propio exlíder morado se definía a sí mismo en la Cadena Ser como socialdemócrata, para perplejidad del exministro José Manuel García Margallo.

Sin embargo, la primera ministra Mette Frederiksen, ha anunciado una medida que el Gobierno español parece lejos de atreverse a establecer, pese a que sirve, precisamente, para garantizar esos servicios públicos que abandera.

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 Y es que, la líder danesa ha dado un giro más a su política migratoria, una de las claves de su victoria electoral en 2019, al anunciar que retirará las ayudas públicas y subsidios a los inmigrantes que no estén trabajando y cotizando y vincularlas con la realización de trabajos a la comunidad de 37 horas semanales.

"Queremos introducir una nueva lógica de trabajo donde las personas tienen el deber de contribuir y ser útiles, y si no pueden encontrar un trabajo regular, tendrán que colaborar para ganarse esa asignación", ha asegurado Frederiksen en una comparecencia ante los medios.

De hecho, ha apostillado que "durante demasiados años hemos hecho un flaco favor a muchas personas al no pedirles nada".

Impulso al mercado laboral

Así, su ministro de Trabajo, Peter Hummelgaard, ha puesto como ejemplo, para aquellas personas que no tienen un cierto nivel de escolaridad ni  conocimiento del danés, "un trabajo en la playa en el que se recogen colillas de cigarrillos o plásticos, o ayudando a resolver diversas tareas en una empresa", porque, a su juicio, "lo más importante para nosotros es que la gente salga de sus hogares".

Con esta medida, el Gobierno danés pretende dar un impulso a la integración laboral de los inmigrantes, sobre todo de las mujeres, ya que más del 60% de las mujeres procedentes del Magreb, Turquía y Oriente Medio están actualmente fuera del mercado laboral.

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De esta manera, los daneses vuelven a endurecer sus políticas respecto a la inmigración, amparados por la mayoría que le otorgaron los ciudadanos en las urnas al refrendar su programa al respecto, solo unos meses después de aprobar en el parlamento una ley que permite al país trasladar a solicitantes de asilo fuera de la Unión Europea.

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El pasado mes de junio, se dio luz verde a una norma que establece que los migrantes que pidan asilo en Dinamarca puedan ser trasladados a un tercer país mientras se resuelve el procedimiento. El proyecto de ley, promovido por el gobierno socialdemócrata y apoyado por la derecha y la extrema derecha, fue aprobado con el voto de 70 diputados a favor y 24 en contra.

Normativa 'antiguetos'

Junto a ello, también ha fijado límites de ocupación del 30% por parte de familias inmigrantes en determinados barrios para evitar la aparición de guetos, obligando a las familias a escolarizar a los más pequeños ya que de no hacerlo, no podrá acceder a las ayudas.

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De esta manera, el debate está servido, pero los homólogos españoles de Frederiksen no han hecho ninguna mención al respecto de una medida instaurada por la socialdemocracia danesa, pero que en el caso de que la hubiera propuesto Vox, ya habrían salido al paso para tildarla de racista. 

Cabe recordar, no obstante, que Sánchez devolvió en caliente a Marruecos el mes pasado a unos 800 menores de edad que entraron ilegalmente en Ceuta; en una medida polémica y sin respaldo de la Justicia ejecutada por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

Y, en la misma línea de "hacer sin decir", el Gobierno de coalición del PSOE y Podemos mantiene en sus presupuestos una partida de varios millones de euros dedicada a fletar vuelos cargados de inmigrantes para devolverlos a sus países de origen.