Las 12 "muescas" de Delgado: seda para Sánchez, hierro para el PP y el Emérito

La Fiscalía con Dolores Delgado gasta doble faz: defenestración del fiscal que investiga una trama policial con amigos suyos y/o clientes del bufete de su pareja; veto a denuncias de Hugo Carvajal sobre supuestos pagos chavistas a Podemos, PSOE y al despacho de Baltasar Garzón; petición de archivo de investigaciones de casos como el 8M; Fernando Simón, Neurona, Niñera, Plus Ultra, Dina… Y agita sin fin Kitchen, Púnica, Aguirre, el emérito...

Los fiscales se encaran con Baltasar Garzón por querer intimidarles: "Un ataque insólito"

La prensa se escandaliza del tutelaje por un cargo de Delgado del expediente al fiscal Ignacio Stampa, acusado de desvelar información a una abogada de Podemos por amistad. La investigación lo desmintió.

Ni filtró ni había tal relación. Pero logro su objetivo: Stampa dejó Anticorrupción. Una denuncia de Vox sirvió para afianzar el poder de Delgado sobre una causa donde se ventilan asuntos que le afectan personalmente y a su pareja.

Caso Tándem

Ambos salen grabados en comidas con Villarejo. Aparecen anotaciones en agendas sobre supuestas citas o charlas de Villarejo con Delgado o con Garzón (algunas evocan negocios, comisario dixit). Tres imputados de la trama tienen como defensor a letrados de Ilocad, bufete de Garzón. Y uno es amigo de ambos. Delgado y Garzón se reúnen con periodistas que salen recurrentemente en los Villarejo papers...

Nada de esto hace temer a la inspección fiscal filtraciones sumariales ni que emerja conflicto de interés alguno. Esto sólo puede ser sospechoso si se trata de otro fiscal. Por ejemplo, Stampa. Ahí se activa la caballería de Delgado contra Stampa de la mano de su jefe de secretaria técnica, Álvaro García Ortiz: exige nuevas diligencias al investigador que pide archivar la causa. Y este alargamiento permite que cuando sea exonerado Stampa ya haya sufrido la votación y derrota sobre su puesto en Anticorrupción bajo ese estigma.

Ni García Ortiz ni inspector alguno ven pertinente examinar las relaciones Delgado/Garzón desde el punto de la compatilidad jurídica de sobrevolar una causa que le salpica por duplicado. Si no hay motivos de inhibición cuando un acusado y el dueño de su bufete defensor son íntimos de la fiscal general, ¿cuándo los habría?

La yuxtaposición del dúo es tal que la Asociación de Fiscales pide a Delgado explicaciones por sus relaciones con Tándem y el papel de Ilocad y el bufete de Garzón les envía un bufofax alertando sobre los riesgos legales de sus preguntas. Se filtra que Delgado ignoraba el acoso de García Ortiz. Pero lo empírico es que no reprueba su caza. ¿Tampoco sabía Delgado que los fiscales denunciados eran dos y sólo se investigó a Stampa? El celo investigador contra Unabomber Stampa difiere del ejercido por la Fiscalía bajo Delgado en otras causas.

Caso 8M

En junio de 2020, según lapoliticaonline, García Ortiz se reunió con el teniente fiscal del Tribunal Supremo, Luis Navajas; el fiscal superior de la Comunidad de Madrid, Jesús Caballero Klint; la fiscal jefe provincial de Madrid, Pilar Rodríguez y el fiscal Enrique Remón, de Madrid.

En teoría, se trataba de "unificar criterios" en las causas que se abrían en toda España contra la gestión sanitaria del coronavirus y llevar a cabo una "acción coordinada", evitando "trocear" la investigación. El 8 de junio dos fiscales de Madrid piden el archivo de la causa contra José Manuel Franco, delegado del Gobierno, por consentir las manifestaciones del 8M cuando UE y OMS exigían evitar actos masivos. Cuatro días después la jueza da carpetazo al asunto.

La petrolera chavista asesorada por Garzón oculta miles de documentos al juez

Caso Carvajal

El exjefe del espionaje venezolano, Hugo Carvajal, entrega a la Audiencia Nacional un punto de cuenta, equivalente a una adjudicación del BOE, que habilita 9 millones de la petrolera estatal venezolana (PDVSA) para contratar el bufete de Garzón (Ilocad) con el fin de defender un pleito suyo en España merced a su capacidad de “coordinar jueces y fiscales”.

Ilocad matiza que defiende a PDVSA, pero que el contrato le llegó del bufete Squire Patton Boggs, y niega tal coordinación. No consta interrogatorio de los autores de tal orden de pago, ni de sus eventuales receptores. Ni pesquisa alguna de fiscalía o Hacienda. Carvajal también denuncia pagos chavistas a miembros de Podemos y del PSOE. La fiscalía de la Audiencia Nacional impugna las pesquisas solicitadas por el juez. Las ve desproporcionadas.

Caso Neurona

La Fiscalía rechaza investigar las donaciones a Impulsa. Y veta que testifique en esta causa Carvajal, que denuncia pagos chavistas a Juan Carlos Monedero. Este fundador de Podemos es clave en este sumario promovido por una grave irregularidad electoral, con desvío de fondos a México, destapada por el Tribunal de Cuentas.

Caso Niñera

La Fiscalía rechazó el interrogatorio como investigado de Pablo Iglesias, aunque sumaba hechos innegables: dirigía el partido al que pertenecía la niñera y al que prestó servicios; vicepresidía el gobierno que la fichó como asesora, y usó privadamente sus servicios. Cabría discutir la legalidad de cada pago o contrato de la niñera/asesora, pero no que el padre de las criaturas cuidadas debía ser uno de los interrogados/investigados.

Caso Simón

Petición fiscal de inadmisión de la querella contra Fernando Simón por su gestión y alentar a manifestarse en plena emergencia internacional sanitaria por el coronavirus. “Cada uno tiene que expresarse como considere y si consideran que deben estar en la manifestación, que estén y si consideran que no deben estar, que no estén”. Como destapó la causa del 8M, Simón no recirculó el informe que le llegó el 4 marzo 2020 de la UE que exigía no celebrar actos masivos, lo mismo que recomendaba la OMS desde fines de enero.

Plus Ultra

Reiteradas peticiones de archivo por la fiscalía, antes y después del informe pericial que cuestionó el rescate. “No existen elementos contundentes que permitan cambiar el criterio expuesto". El perito veía “dudas más que razonables” de que la aerolínea cumpliera todas las condiciones para ser rescatada.

Caso Dina

La Fiscalía se opuso reiteradamente a la imputación de Iglesias por los posibles daños o manipulación de la tarjeta del móvil de su exasesora Dina Bousselham porque ella no denunció los hechos. Iglesias mantuvo el dispositivo en su poder varios meses antes de entregárselo a su exasesora. Frente a tanta desgana investigadora, la Fiscalía destila hiperactividad sobre objetivos ajenos al gobierno del que fue ministra Delgado.

Caso Kitchen

La Fiscalía afea al juez, que ha imputado a dos altos cargos del PP, el exoneramiento de Dolores de Cospedal. El ministerio público tira a matar: “injustificadas prisas del instructor”, “precipitada decisión”, “caótica situación procesal”, “extemporaneidad de la medida”.

Caso Emérito

Anuncio en una comparecencia de Delgado de la apertura de una tercera investigación secreta contra el emérito por la fiscalía. García Ortiz no alienta un expediente sancionador de tal revelación. Otro día se filtra que Juan Carlos I fue un “comisionista internacional” sin ninguna prueba. Y se piden prórrogas por un informe que no llega de Suiza, país que no acusa al exmonarca porque su fiscalía no ve delito.

Caso Aguirre

La FGE pide imputar a Esperanza Aguirre en 2021 por una reducción de camas de un hospital en 2008. La juez lo rechaza y la fiscalía lo recurre.

Caso Púnica

La fiscalía censura al juez, el mismo que ha imputado a un ministro y un secretario de Estado de Rajoy por Kitchen, por denegar diligencias sobre el PP y empresas sospechosas de financiarlo.

Frente a la imagen de “cautiva y desarmada la Fiscalía, la general fiscal ha alcanzado sus últimos objetivos militares” evocada por un fiscal, algunas asociaciones se plantan. La Asociación de Fiscales exige el cese de Delgado por sus conflictos de intereses. “Las erráticas y sectarias actuaciones y decisiones de Delgado han causado ya un grave daño al prestigio del Ministerio Fiscal. Su permanencia en el cargo es incompatible con la imparcialidad y los principios constitucionales que rigen nuestra Institución”.

Y la APIF (Asociación Profesional e Independiente de Fiscales) no se queda atrás: “Nos hemos quejado del abuso que hoy la FGE está perpetrando en nombramientos. Hemos atendido un sin fin de requerimientos con el mismo objetivo: denunciar los abusos que se están cometiendo, así como la politización de una parte de la Carrera Fiscal”.