La Guardia Urbana denuncia acoso laboral en el consistorio de la imputada Colau

Nueva polémica en el Ayuntamiento de Barcelona. El sindicato CSIF ha denunciado que el consistorio de Ada Colau está permitiendo comportamientos de “acoso laboral” entre los superiores de la Guardia Urbana y los agentes del cuerpo. El motivo de esta denuncia es de lo más incomprensible: un expediente sancionador a un guardia que trataba de ayudar a un ciudadano. 

Se trata de un agente que trató de echarle una mano a una ciudadana mexicana en su embajada. Una ayuda que el agente ofreció fuera de su horario laboral y que se limitó a lo meramente burocrático, ante los numerosos líos de papeles y documentos que suelen reinar en estos casos. Pues por esta intervención, se le ha abierto un expediente de “desobediencia”. 

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Se trata de una agente que, según sus compañeros, tiene grandes habilidades para la mediación y que estaba profundamente involucrado en las tareas sociales, ayudando a personas en riesgo de exclusión social a que dejasen el consumo de drogas o a facilitarles lugares donde poder dormir. Un ejemplo claro de la policía de barrio que tanto ha pregonado la alcaldesa Colau. 

Al principio este agente no tuvo problemas con sus “intervenciones sociales”, pero todo cambia cuando el intendente Ángel Sagués llega a la dirección de la Unidad Territorial de la Guardia Urbana en Ciutat Vella, el distrito donde trabaja el agente sancionado. En ese momento se le prohibe explícitamente cualquier tarea de ayuda social, sin explicaciones aparentes.

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Además, a este agente se le cambia de destino y pasa de patrullar en la calle a desarrollar labores en un punto fijo de la centralita de comisaría. Sagués, además, advirtió numerosas ocasiones que éste agente no podría hacer ayudas sociales en sus horas libres.

Por ese motivo, presuntamente, a la vista de que el agente ayudó a una ciudadana mexicana a volver a su país, la Unidad Deontológica de Asuntos Internos le abrió un expediente disciplinario por desobediencia. Concretamente por “haber cometido una presunta negligencia en el cumplimiento de funciones o de las órdenes recibidas el pasado 8 de febrero”.

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Por el momento el consistorio de Ada Colau no ha hecho declaraciones al respecto, aunque el gobierno local es quien tiene las competencias ultimas en la gestión y control de la Guardia Urbana de la ciudad condal. Una polémica que se suma a la imputación de Colau por la justicia, relacionada presuntamente con irregularidades a la hora de otorgar subvenciones a organizaciones afines a su formación política. 

La alcaldesa declarará este viernes 4 de marzo como imputada acusada de presuntos delitos de prevaricación, fraude en la contratación, malversación, tráfico de influencias y negociaciones prohibidas a funcionario público tras la demanda interpuesta por la Asociación para la Transparencia y la Calidad Democrática.