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Zapatero tiembla: reclaman que Nicolás Maduro declare en la Audiencia Nacional
Un exviceministro de Venezuela exige que el dictador se explique en España por el "escándalo PDVSA". El mismo por el que el exembajador socialista en Caracas se enfrenta a la cárcel.
Con Raúl Morodo, el exembajador del gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero a las puertas de la cárcel por sus cobros de Venezuela, otra noticia acorrala al expresidente del Gobierno y sus oscuras relaciones con el régimen bolivariano. Y, una vez más, es el pozo sin fondo de la petrolera pública venezolana, Petróleos de Venezuela (PDVSA), la que centra todas las sospechas de la Justicia española.
El exviceministro de Desarrollo Eléctrico de Venezuela Javier Ochoa Alvarado ha pedido a la juez de la Audiencia Nacional María Tardón que requiera nuevamente a PDVSA la documentación que le fue solicitada en un auto de 17 de noviembre de 2020, al tener "duda fundada" sobre la autenticidad de la misma, al tiempo que ha solicitado que se tome declaración al presidente venezolano, Nicolás Maduro.
En un escrito, la defensa de Ochoa Alvarado interesa a la titular del Juzgado Central de Instrucción Número 3 que "tome declaración, en calidad de testigos o de investigados", a Maduro y al ex alto cargo de PDVSA César Rincón.
En el caso de Maduro, apunta a "su condición de director miembro de la Junta Directiva de PDVSA durante, al menos, el año 2012 objeto de la presente instrucción, a resultas del contenido del informe de la UDEF -Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal- de 20 de junio de 2022 que le atribuye responsabilidad" en las operaciones investigadas.
Sobre Rincón, recuerda que "ostentó cargos gerenciales de PDVSA y Bariven, durante todo el período 2009 a 2015, objeto de la presente instrucción". Además, subraya que su firma consta en varias de las operaciones de compra investigadas por valor de más de 615 millones de dólares.
Además, vuelve a pedir a la AN que requiera de nuevo a PDVSA para que aporte "todas las actas del Comité de Operaciones y de la Junta Directiva" que se le vienen solicitando desde esa resolución de 17 de noviembre de 2020.
Las oscuras relaciones de Zapatero y su gobierno con el régimen de Chavez y Maduro sigue acechando al PSOE.
En esta primera pieza separada del caso PDVSA, la juez investiga una querella formulada por la propia petrolera contra más de una veintena de personas, entre físicas y jurídicas, por los presuntos delitos de blanqueo de capitales cometidos en territorio español y los previos para producirlo de organización criminal para la comisión de actos de corrupción, defraudación y otros cometidos en el extranjero.
La querella se dirige contra Ochoa Alvarado; los ex responsables de compras de PDVSA Alfonzo Eliézer Graviña y José Luis Ramos Castillo; el exgerente de compras en la filial Bariven Christian Maldonado Barillas; Rafael Reiter Muñoz, considerado 'mano derecha' del ex presidente de PDVSA Rafael Ramírez; y contra varios miembros de la familia Rincón y otros empresarios petroleros.
En concreto, PDVSA apunta a la existencia de una "organización criminal" formada por diversas personas y un entramado empresarial que habría llevado a cabo "diferentes operaciones de disimulación y camuflaje con la finalidad de defraudarla y obtener un beneficio ilícito" que al menos en parte se habría blanqueado en España mediante la compra de inmuebles y la creación de sociedades.
En una segunda pieza, la Audiencia Nacional indagaba en la denuncia formulada por la Fiscalía Anticorrupción en junio de 2017 por delitos de blanqueo de capitales respecto a "fondos procedentes de una actividad dirigida a la defraudación y/o apropiación del patrimonio de PDVSA y otras empresas públicas de Venezuela".
Raúl Morodo y el "rastro" del PSOE
Cabe recordar que en otra causa que se sigue en la Audiencia Nacional, el juez indaga en los más de 4,5 millones de euros que el exembajador de Zapatero en Venezuela, Raúl Morodo y su círculo más íntimo habrían recibido entre 2011 y 2015 de la misma petrolera venezolana PDVSA.
El anterior instructor de la causa, Santiago Pedraz, seguía el rastro del dinero. Así pidió a Estados Unidos que aportara información sobre movimientos en cuentas bancarias de PDVSA y del hijo de Morodo, algunos de los cuales se justificaron con una factura firmada por René Arreaza, quien fuera coordinador general de la Vicepresidencia venezolana de José Vicente Rangel.
Los investigadores denuncian que los Morodo -su esposa y su hijo- habrían recibido más de 4,5 millones de euros de PDVSA "carentes de justificación real y lógica comercial". La Fiscalía apuntó que estos hechos podrían ser constitutivos de delitos de blanqueo de capitales, corrupción en las transacciones comerciales internacionales, falsedad documental y contra la Hacienda Pública.
