| 17 de Agosto de 2022 Director Antonio Martín Beaumont

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María Jesús Montero y Pedro Sánchez
María Jesús Montero y Pedro Sánchez

El nuevo "tijeretazo" de Sánchez: recortar beneficios fiscales y subir impuestos

El Gobierno prepara un recorte de exenciones fiscales a corto plazo y un nuevo “palo fiscal” a las clases medias que terminaría de hundir a las familias

| Miguel Centeno España

Menos beneficios fiscales y más impuestos. Ese es el plan tributario del Gobierno a corto plazo y que tiene previsto enviar a Europa para cuadrar las cuentas de los próximos años. El Ejecutivo siempre ha señalado que su objetivo es alcanzar un “sistema de reparto de la riqueza justo y equitativo” mediante la recaudación de impuestos y piensa que, con este plan, podría llegar a lograrlo. 

Sin embargo, con la llegada de la crisis sanitaria del coronavirus, los despidos en masa, el rescate de los trabajadores con el mecanismo de los ERTE (heredado del Gobierno del PP de Mariano Rajoy), y el colapso de la economía, el Gobierno tuvo que tirar de gasto público con menos ingresos de lo que tenía esperados. Por eso ahora, tras el covid y en plena crisis por el encarecimiento de los precios, pretende cuadrar las cuentas con un aumento de ingresos vía impuestos. 

Y hay dos planes encima de la mesa. El primero, que no implica una subida fiscal pero sí más ingresos, es la eliminación de beneficios fiscales. Y es que según el último Programa Nacional de Reformas que el Ejecutivo ha enviado a Bruselas para mostrar la viabilidad económica del país, se recoge un aumento de la presión tributaria para antes del año 2025 con el objetivo de eliminar la mayoría de beneficios fiscales establecidos. 

Según se recoge en el propio documento, “es necesario analizar los beneficios fiscales del sistema tributario español prestando atención a aquellos que distorsionan la progresividad y la redistribución del mismo”. Y es que en el propio texto el Ejecutivo es muy claro con respectado a “dónde” va a salir ese dinero: del contribuyente.

La reducción y eliminación de beneficios fiscales y regímenes especiales de nuestro sistema tributario implicará no solo un incremento de la recaudación, sino que simplificará el sistema tributario lo que, a su vez, tiene efectos favorables sobre la seguridad jurídica, y sobre los litigios y conflictividad existentes”, recoge el documento del Gobierno de coalición. 

Y es que, con esta “revisión exhaustiva de los beneficios fiscales existente”, el Gobierno quiere saber si “se cumplen los objetivos para los que fueron aprobados y si el coste que suponen, en términos de merma recaudatoria, resulta justificado”. Es decir, si el recorte de beneficios fiscales es suficiente o hay que aumentar aún más los impuestos. 

¿Qué beneficios corren peligro?

Según el propio documento del Gobierno, los beneficios fiscales están en peligro en un periodo de tiempo no muy largo, ya que puntualiza que será antes de 2025, por lo que los contribuyentes podrían dejar de recibir del Estado numerosas deducciones en el IRPF.

Entre ellas, destacan todas las relacionadas con la compra de vivienda habitual, maternidad, discapacidad, familia numerosa, donativos o ser titular de un plan de pensiones. Algo que también afecta a los trabajadores autónomos o por cuenta propia, la pequeñas y medianas empresas, así como las grandes sociedades y sus deducciones a las que actualmente tienen derecho para generar empleo o invertir en I+D.

A mayores, el Gobierno necesita, además de “perdonarle” dinero al contribuyente en la declaración de la renta aumentar las cargas fiscales para cuadrar las cuentas. Así se recoge en el propio Plan de Estabilidad enviado a Bruselas este mes de abril, en el que el Ejecutivo prevé un aumento de ingresos de entre el 3,5% y casi el 6% en los próximos tres años. 

De hecho los planes de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, son los de lograr ingresos fiscales por valor de unos 360.000 millones de euros, unos 25.000 millones más de lo que calculaba el Gobierno en sus previsiones del año 2021.

Pero esas previsiones se han tenido que modificar ante los nuevos gastos que han querido implementar el Gobierno, como la bonificación a los carburantes de 20 céntimos por litro, el Ingreso Mínimo Vital, el bono del alquiler, los nuevos presupuestos de casi 20.000 millones de euros para ayudas a la maternidad y otras políticas en el marco de la Igualdad del Ministerio de Irene Montero o los ERTE que todavía perciben uno 16.000 españoles. Son solo algunos gastos, que se suman a los envíos de material y dinero a Ucrania tras la invasión de Rusia.

Gastos que el Ejecutivo debe compensar con ingresos, aunque la Unión Europea haya ayudado al país con los fondos de recuperación de la pandemia, los cuales, en parte, son a fondo perdida. Sin embargo, otra parte muy importante deberá devolverse y, si no se presenta un plan viable, la financiación comunitaria podría verse afectada.