El Gobierno reincide y oculta otro dictamen crítico del Consejo de Estado

El Gobierno de coalición ha vuelto a ocultar un dictamen del Consejo de Estado, como hiciera a principios de año con el que el órgano consultivo emitió acerca del real decreto ley de los fondos europeos y que resultó ser demoledor. Éste alertaba del descontrol en el futuro reparto del dinero y Carmen Calvo acabó permitiendo que se publicara tras un mes de polémica y acorralada por la oposición. 

En este caso se trata del dictamen que el Ministerio de Igualdad solicitó (estaba obligado a hacerlo porque es preceptivo aunque no vinculante) a propósito del anteproyecto de ley orgánica de garantía integral de la libertad sexual, comúnmente conocida como ley del solo sí es sí, que ha estado un año dando tumbos por los órganos consultivos del Estado. 

Desde el pasado 10 de junio Irene Montero tiene en la mesa de su despacho el documento de más de un centenar de páginas que ese día aprobó por unanimidad el Pleno del Consejo, teniendo como ponentes a Adela Asua Batarrita, del ala progresista, catedrática de Derecho Penal y exvicepresidenta del Tribunal Constitucional; y a Miguel Rodríguez-Piñero, expresidente del TC entre 1992 y 1995, con Felipe González (de quien fue profesor y amigo personal). 

Sin embargo, la ministra se niega a hacerlo público a sabiendas, además, de que el Consejo de Estado no puede publicarlo sin su consentimiento, como recuerdan desde este último a este periódico. ESdiario lo ha solicitado al Ministerio en reiteradas ocasiones desde hace tres semanas sin resultado alguno más allá de la callada por respuesta. También a través del Portal de la Transparencia. 

Ello no hace sino acrecentar las dudas en torno al contenido del dictamen, el último que necesitaba Igualdad, puesto que ya en febrero el Consejo General del Poder Judicial había sido muy crítico en el suyo, que cuestionaba los dos pilares del anteproyecto: el consentimiento expreso y la supresión de la distinción entre abuso sexual y violación/agresión.

Las pistas de Victoria Rosell

Pero, a juzgar por lo que la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género sostuvo en una comparecencia en el Congreso el 17 de junio, no es precisamente un dictamen complaciente sino crítico. Victoria Rosell empezó por negar que el Consejo de Estado hubiera sido tan duro como en su día lo fue el CGPJ. De hecho aseguró que las conclusiones del máximo órgano consultivo del Estado no afectarían al consentimiento como "eje crucial de la ley" en torno al que gira lo demás.

Sin embargo, poco después se delató y deslizó algo crucial: que tal vez la redacción definitiva no sea "solo sí es sí" como hasta ahora sino "no es no". Lo cual implicaría un cambio de tercio sustancial porque el consentimiento expreso y explicitado es la madre de todas las batallas jurídicas. 

Rosell explicó que el Ministerio está trabajando para "acomodar" las recomendaciones del Consejo de Estado al proyecto de ley definitivo que volverá al Consejo de Ministros de forma inminente, pero en ningún momento desveló el más mínimo contenido del dictamen. Todo es secretismo en torno a él. También sostuvo que el articulado de la ley es de una "calidad altísima", tiene "seguridad jurídica" y está muy "consensuada".

De vuelta al Consejo de Ministros

El pasado martes el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, adelantó que el proyecto de ley de garantía integral de la libertad sexual será aprobado por el Consejo de Ministros muy pronto (puede que incluso a lo largo del mes de julio) para que pueda iniciar su trámite parlamentario. Allí, en el Congreso, el Gobierno tendrá que negociar con sus socios hasta garantizarse una mayoría absoluta de 176 síes, puesto que al tratarse de una ley orgánica requiere una mayoría reforzada. 

Será -aún dentro de meses- la primera ley del departamento Montero, que en año y medio en el Gobierno sigue con el contador legislativo a cero. Porque lo que aprobó el pasado martes el Consejo de Ministros sobre la ley LGTBO y trans fue meramente un anteproyecto al que aún le queda mucho recorrido (lo primero, pasar por el filtro de los órganos consultivos del Estado).