Las comunidades del PP se plantan ante el "aprobado para todos" de Celáa

Cataluña va por libre; Madrid, Murcia y País Vasco se desmarcan -por distintos motivos-; Galicia, Castilla y León y Andalucía expresan sus reparos. El acuerdo "general" que la ministra de Educación, Isabel Celaá, presentó este miércoles para culminar el fin del curso escolar saltó por los aires 24 horas después.

Nace muerto. En parte por la ambigüedad y la falta de concreción sobre la fórmula para finiquitar el curso, en parte por el aprobado generalizado que esconde el plan del Gobierno y en parte por la apertura de los centros en julio para actividades extraescolares.

El balance de situación es el siguiente: Madrid, Murcia y País Vasco ya han anunciado que no van a suscribir el documento que salió de la reunión del Consejo Interterritorial de Educación del martes. Al menos cuatro regiones más analizan el acuerdo con extremas objeciones.

En el punto de mira de los técnicos autonómicos están dos aspectos esenciales del documento: la promoción general de los alumnos -la apuesta del Gobierno por la "excepcionalidad" de las repeticiones- y la obtención de la titulación en 4º de ESO y 2º de Bachillerato pese a tener asignaturas suspendidas.

Las comunidades gobernadas por el PP están dispuestas a hacer casus belli ya que considera que el Gobierno está lanzando un mensaje perverso, el de la "cultura del no esfuerzo". Una estrategia no nueva en el PSOE e impulsada en su día por Enrique Roca, cerebro de la ley educativa de la era Zapatero y recuperado ahora para la presidencia del Consejo Escolar del Estado.

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La consejera de Educación y Cultura murciana, Esperanza Moreno, fue la primera en avanzar que Eno ratificará el preacuerdo alcanzado porque la ministra de Educación y Formación Profesional no ha establecido una "legislación clara" en materia de promoción y de titulación ni un proyecto económico para el refuerzo educativo.

"Le pregunté de forma directa varias veces a la ministra si iba a legislar en materia de promoción y de titulación, para ser claros y saber claramente las reglas del juego: cuándo se suspende, cuándo se pasa de curso y cuándo se titula", según Moreno. Y denunció: "Todavía no hemos visto esa legislación ni tampoco hemos visto escrito ese compromiso, porque hemos recibido un borrador que está vacío".

En segundo lugar, Moreno pidió a la ministra un contexto económico, que es "absolutamente necesario para poder llevar a cabo el refuerzo educativo en julio y a partir de septiembre, pero tampoco hemos recibido esa información".

La ministra de Educación, en su comparecencia del miércoles para presentar su acuerdo.

Crítico se expresa también el consejero madrileño, Enrique Ossorio, que lamentó que el acuerdo entre el Ministerio y las comunidades autónomas es "muy laxo" y "además de lanzar ese mensaje de no esfuerzo, ha dejado en manos de las comunidades autónomas que fije cada una de ellas el número de suspensos con los que se puede titular en Bachillerato, ESO y EP".

El Ministerio tiene "un miedo horroroso" a los nacionalistas y los independentistas y "no se atreven a regular lo más mínimo", critica Madrid.

Según el consejero madrileño, "ese lavarse las manos en una competencia nacional para que cada comunidad fije el número de suspensos para poder titular" es "una barbaridad", porque "un título expedido en la Comunidad de Madrid vale para toda España". En este sentido acusó al Ministerio de "escabullirse" porque, a su juicio, tiene "un miedo horroroso" a los nacionalistas y los independentistas y "no se atreven a regular lo más mínimo".

Y a Ossorio pareció darle la razón la consejera vasca de Educación, Cristina Uriarte, al apelar a las competencias del Estatuto para desmarcarse también por razones puramente políticas. "El Ministerio nos ha trasladado un documento con criterios y orientaciones a las comunidades autónomas y es positivo, pero en Euskadi tenemos nuestras competencias, nos debemos a nuestra comunidad educativa y ése es nuestro marco de trabajo".

Los privados, tampoco

Por su parte, asociaciones de centros educativos de titularidad privada se muestran críticas con una de las medidas acordadas por el Ministerio de Educación, como que este curso la repetición sea una excepción, algo que interpretan como un "aprobado general" a los alumnos, e instaron a los estudiantes a seguir trabajando desde sus casas.

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Así, para la Asociación de Centros Autónomos de Enseñanza Privada, la educación "es más un sistema de adquirir competencias y conocimientos útiles y actualizados que una manera de acceder a un título". "Un aprobado general puede facilitar a los alumnos lo segundo, pero es evidente que no cumple con lo primero", denunció la entidad.

Por su parte, la Asociación de Colegios Privados e Independientes  aseguró que la actividad educativa a distancia continuará en sus colegios "de forma exigente y ajustada a las circunstancias y herramientas" de las que disponen, por lo que recomendó a familias y alumnos que sigan esforzándose en este periodo de confinamiento en casa.

Mientras, Celaá trató de salvar su hoja de ruta sumándose al triunfalismo de La Moncloa en esta crisis. "Ningún país ha reaccionado mejor que España a la suspensión de las clases presenciales". No lo parece, a juzgar por lo efímero de su acuerdo.