La confesión del abogado de Puigdemont le deja con pie y medio en la cárcel

El abogado belga de Carles Puigdemont, Paul Bekaert, ha indicado que su defendido no acudirá este jueves a la Audiencia Nacional para declarar. "No, no irá porque prefiere observar y esperar", ha explicado durante una entrevista en The Wold Today de la cadena de televisión flamenca VRT.

Bekaert también ha asegurado que centrará la estrategia de defensa del expresident en impugnar cualquier hipotética petición de extradición para su entrega a España que se pueda impulsar desde el Gobierno de Mariano Rajoy. "Hemos decidido no presentar la solicitud de asilo, sino impugnar cualquier extradición ante el tribunal", ha subrayado Bekaert.

En este sentido, Bekaert ha reiterado el anuncio realizado por el propio Puigdemont en rueda de prensa en Bruselas de que en principio no baraja realizar una petición de asilo político en Bélgica, aunque ha recordado que una solicitud de este tipo se puede aplicar en cualquier momento. En cualquier caso, ha indicado que esto "es un capítulo completamente diferente a la extradición". "También se puede impugnar la extradición sin haber solicitado asilo", ha incidido Bekaert sobre la posibilidad de que el Gobierno reclame a las autoridades belgas la entrega de Puigdemont a España.

Petición de cárcel

En relación a todo esto, fuentes jurídicas consultadas por ESdiario han afirmado que si finalmente se cumple lo afirmado en esta entrevista y el depuesto presidente catalán no se presenta a la cita en la Audiencia Nacional, despejaría el camino para que la Fiscalía pida ingreso inmediato en prisión ante el "palmario" riesgo de fuga. 

En este sentido, inmediatamente se tramitaría -según las mismas fuentes- una orden de detención y presentación contra Carles Puigdemont y si, se encontrase fuera del territorio nacional, como es el caso ya que todo parece indicar que no tiene intención de abandonar Bélgica, efectivamente se tramitaría de manera inmediata una orden de extradición basada fundamentalmente en los delitos que se le imputan, fundamentalmente en lo relacionado con la malversación de fondos públicos, ya que el delito de rebelión no está contemplando en el ordenamiento jurídico de Bélgica.