Sánchez admite su debilidad y cede ante Iglesias con los millones de Bruselas

La tensión en el seno del Gobierno es cada día mayor. Las maniobras y declaraciones públicas de los miembros de Podemos en contra del sector socialista, con Margarita Robles a la cabeza, parece que han acabado con la paciencia de un presidente que, aunque en sus comparencencias asegura confiar plenamente en sus todos sus ministros, sus actos dicen otra cosa. Sánchez ya no se fía de Iglesias y le había dejado fuera a la hora de controlar los fondos de que llegarán de la UE, pero finalmente las presiones moradas han acabado con Sánchez claudicando y será el Consejo de Ministros el que los gestione.

Así, en un nuevo y revelador capítulo que deja al descubierto la crisis que vive el Ejecutivo, la ministra portavoz,  María Jesús Montero, ha precisado  tras el Consejo de Ministros, que Sánchez ha confirmado que será todo el Gobierno el que se encargue de gestionar estos fondos y no el organismo creado al respecto mediante un real decreto que ha supuesto una nueva disputa en el Ejecutivo.

De hecho, el real decreto centralizaba en la figura del presidente del Gobierno la autorización y el seguimiento de todas las acciones que se pretendan llevar a cabo a costa del dinero de Bruselas, gracias a la creación de una Comisión para la Recuperación, Transformación y Resiliencia, presidida por Sánchez, mientras que la Unidad de Seguimiento del Plan reportará también de forma continua información al jefe del Ejecutivo, asegurándose de esta manera, conocer cada detalle del destino de los fondos.

Margarita Robles manda callar a Pablo Iglesias en plena tensión en Moncloa

Además, dicha comisión encargada de conceder las ayudas estaría solo formada por una decena de ministros del PSOE, Calviño, Ribera, Montero, Ábalos, Maroto, Duque, Celáa, Planas, Illa y Escrivá, frente a una única representante de Unidas Podemos, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.

No estaban, de este modo, ni el vicepresidente Iglesias; ni la ministra de Igualdad, Irene Montero -a pesar de que uno de los cuatro ejes del plan de recuperación es la igualdad de género-; ni el ministro de Consumo, Alberto Garzón; ni el de Universidades, Manuel Castells.

Así, el presidente pretendía dejar claro quién manda en el Gobierno y evitar además, que el destino de los fondos se conviertiera en un nuevo motivo para airear las rencillas existentes en el seno del Ejecutivo, aunque desde la formación morada ya se habian encargado de dejar claro el malestar existente por la ausencia de Iglesias en este organismo.

Así, según Europa Press, el propio Iglesias y el presidente del Gobierno tuvieron una conversación sobre este asunto al entender que lo lógico es que estuviera en dicha comisión y finalmente Sánchez ha tenido que claudicar ante las exigencias del vicepresidente dejando todas las decisiones en manos del Consejo de Ministros. 

Agilizar los trámites para obtener los fondos

Por otra parte, y ya en lo económico, se pretende agilizar los trámites administrativos para la puesta en marcha de los proyectos ligados a los fondos europeos, que podrán recibir anticipos de hasta el 50% para acelerar su ejecución. El decreto establece que se creará un portal web único del Plan de Recuperación, que centralizará y distribuirá la información a todos los interesados. A través de esta ventanilla única se podrá realizar la tramitación de las solicitudes de participación en las convocatorias derivadas la ejecución de los fondos.

Además, la norma recupera figuras administrativas y crea nuevas estructuras 'ad hoc' para agilizar la absorción de los fondos, como es el caso de la creación de agencias estatales como organismo público, que regresan a la Administración Pública como fórmula organizativa dotada de "un mayor nivel de autonomía y de flexibilidad en la gestión", aunque el decreto no especifica qué agencias concretas se crearán.

Además de las agencias estatales, el Gobierno crea una nueva figura administrativa de colaboración público-privada: los proyectos estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE), dependientes del Ministerio de Industria, que en el plazo de tres meses deberá elaborar el registro estatal de entidades interesadas en los PERTE.

sta nueva estructura organizativa y administrativa será la encargada de agilizar al máximo todos los plazos de los contratos financiados con los fondos percibidos por España, a los que se aplicará "el régimen excepcional de tramitación urgente".

En consecuencia, estos proyectos tendrán preferencia y los plazos para emitir los respectivos informes o cumplimentar los trámites correspondientes quedarán reducidos a cinco días naturales, sin que quepa prórroga alguna de este plazo, al tiempo que los plazos fijados para la tramitación del procedimiento abierto se reducirán a la mitad por exceso, salvo el plazo de presentación de proposiciones, que será de 15 días naturales contados.