El PP revoluciona la campaña de Cataluña con una propuesta para "españolizarla"

La propuesta del PP de cara a las elecciones catalanas es clara. Acabar con la deriva independentista y volver a colocar a Cataluña en el sitio que le corresponde dentro de España, como una de sus comunidades punteras. Un intento de "españolizar", de nuevo, a la región después de un largo periodo en el que el secesionismo ha ido imponiendo su criterio, intentando alejarla y dejando a la mitad de su población arrinconada.

Por ello, uno de sus pricipales objetivos de la formación comandada por Alejandro Fernández, consiste en "normalizar la presencia del Estado y de los símbolos nacionales", de manera que, por ejemplo, la bandera española vuelva a estar presente, en lugar de los lazos amarillos utilizados en la Generalitat como símbolo independentista y se primará con un complemento de territorialidad a los policías y jueces que tengan destino Cataluña para fomentar su traslado y que las instituciones españolas se refuercen.

Además, 'reespañolización' también tiene un matiz mucho más profundo, ya que se pretende potenciar a Barcelona como cocapital cultural de España y la intensificación de la presencia del patrimonio de los grandes museos en Cataluña, con exposiciones temporales y una delegación permanente del Prado.

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 Junto a ello, el programa incluye una ley de seguridad y civismo, que regule la utilización del espacio público, garantizando que "se pueda disfrutar en condiciones de libertad y tranquilidad", evitando que la calle se convierta en un espacio meramente independentista, sino que toda la población tenga cabida sin ser señalada.

También plantea una ley de neutralidad de los colegios profesionales, que, entre otras medidas, contenga la "inhabilitación de los representantes colegiales que excedan de sus competencias y vulneren la libertad ideológica de los colegiados".

En el apartado legal, también aboga por reformar la ley de Universidades para defender su neutralidad institucional de dichas instituciones, la derogación de las multas a los locales que rotulan en castellano y la reforma de las delegaciones exteriores de la Generalitat para evitar que hagan "propaganda" y no puedan ser utilizadas para socavar los principios constitucionales españoles, ni para exaltar a los presos condenados, vendiendo la idea de que España es un estado opresor, como ocurre en la actualidad.

Además, las escuelas tendrán un papel fundamental en este asunto, ya que los populares quieren eliminar el modelo de inmersión lingüística, combinando la enseñanza en catalán y castellano con un mínimo del 25% de horas en una de las dos lenguas, y reforzando la que sea menos habitual en el entorno del centro.

También propone defender el derecho a la elección de centro, garantizando el modelo de escuela concertada a través de igualar su financiación con la media de la pública, y reforzar la inspección educativa, sus competencias, medios y plantillas, para evitar que los colegios sean lugares de adoctrinamiento para las futuras generaciones.

El PP propone una rebaja generalizada de impuestos que incluye el IRPF y una bonificación del 99% del impuesto de sucesiones

En cuanto a la fiscalidad, desde el PP se aboga por mantener el sistema que utilizan en otras regiones, y que ha resultado exitoso, proponiendo una rebaja de impuestos: en el IRPF, la disminución planteada es de una media de 3,5 puntos en las rentas medias y bajas, además de bonificaciones por ser familia numerosa, tener gastos de guardería o libros de texto; el programa también aumenta la deducción por alquiler de vivienda habitual.

Además, el PP sugiere elevar el mínimo exento del impuesto de patrimonio a 700.000€, bonificar el de sucesiones y donaciones al 99% de herederos de primer grado y suprimir una serie de impuestos propios como las tasas verdes sobre la aviación comercial, la industria y los vehículos de tracción mecánica, o el impuesto de bebidas azucaradas.

Por otro lado, en el contexto de la pandemia de covid-19, los populares defienden ampliar la moratoria para los sectores más afectados por la crisis, así como el impuesto sobre estancias en establecimientos turísticos, con el fin de evitar que se siga destruyendo el tejido productivo y garantizar la supervivencia de las empresas.

Frenar la 'okupación y la inmigración ilegal

También, la 'okupación' es uno de los problemas con los que pretende acabar el PP, ya que se ha convertido en una fuente de delincuencia. Así, se ha comprometido a echar a los 'okupas' en 24 horas, mejorando la actuación policial ante las denuncias, dotando a los agentes de los medios necesarios para afrontar los "riesgos" de las nuevas tipologías delictivas.

Además, en materia de inmigración, los populares quieren "incrementar los controles para detectar y prevenir los guetos, los amontonamientos en los pisos patera y la concentración en los barrios", así como garantizar que las llegadas sean, según el programa, legales y ordenadas; los populares también quieren evitar que se dé "uso político a los centros de culto".