| 03 de Diciembre de 2021 Director Antonio Martín Beaumont

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El exsindicalista de UGT, Juan Lanzas, implicado en el caso ERE de Andalucía.
El exsindicalista de UGT, Juan Lanzas, implicado en el caso ERE de Andalucía.

Dos nuevos macrojuicios por corrupción sentarán al PSOE en el banquillo

Los ERES andaluces vuelven en pleno Congreso en Valencia con dos nuevos juicios con 20 acusados de corrupción y las siglas de PSOE y UGT manchadas por graves presuntos delitos.

La sombra de los ERES para el PSOE es muy alargada, casi eterna, y le golpea sin descanso a cada paso que da para huir de su propia sombra, incluso en plena celebración de su 40 Congreso Federal en Valencia, destinado casi por completo al cierre de filas en torno al líder plenipotenciario, Pedro Sánchez.

El nuevo líder socialista andaluz, Juan Espadas, tendrá que enfrentarse a esa herencia envenenada muy pronto, con dos macrojuicios que de algún modo sientan en el banquillo a un partido y a una época.

La investigación judicial de la multitud de irregularidades que se cometieron desde la Junta de Andalucía en manos del Partido Socialista va dando resultados y pronto, previsiblemente, el próximo año se celebrarán dos nuevos juicios de las piezas separadas de la macro-causa de los expedientes de regulación de empleo (ERE).

En este caso, el juez de refuerzo del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, José Ignacio Vilaplana, ha dictado sendos autos de apertura de juicio oral para esclarecer las presuntas irregularidades en las ayudas que la Junta de Andalucía concedió a Río Grande Sevilla S.L. y a Mercasevilla S.A. para el pago de prejubilaciones.

Será la Audiencia Provincial de Sevilla el órgano competente y en la sala se sentarán un total de 20 acusados. Entre ellos “el conseguidor” de los fondos que era el exsindicalista de UGT, Juan Lanzas, que supo obtener el dinero público de la consejería de Empleo.

 

En el caso de Mercasevilla, el magistrado acuerda abrir juicio oral contra once personas investigadas por las presuntas irregularidades en las ayudas de la Junta para los ERE de los años 2003 y 2007, tras recibir los escritos de acusación presentados por la Fiscalía Anticorrupción, la Junta de Andalucía, el PP-A y Mercasevilla. Se trata, en concreto, de una subvención de más de 5,6 millones de euros para el ERE de 2003 y una ayuda más superior a 6,9 millones de euros para el procedimiento de 2007.

Entre los once encausados se encuentran los exdirectivos de Mercasevilla Fernando Mellet y Daniel Ponce, ya condenados por cohecho en dicha entidad; el exmiembro de la ejecutiva local del PSOE de Baeza, Antonio Garrido Santoyo; los exmiembros de la consultora Vitalia Antonio Albarracín, Jesús María Bordallo y Francisco José González; Juan Lanzas; su cuñado Ismael Sierra; José Rodríguez López como asesor fiscal de Lanzas; Francisco Algarín como su testaferro y Francisco Limón, administrador de la sociedad Hermes Consulting.

Las novedades judiciales para el PSOE andaluz le pillan a Sánchez en pleno Congreso Federal en Valencia

Sobre todos ellos pesa una acusación por supuestos delitos de prevaricación administrativa y malversación, mientras que también abre juicio oral contra ocho de ellos por un presunto delito de falsedad documental. Además, abre juicio oral contra las entidades Magina Solutions S.L. y Hermes Consulting S.L. en calidad de responsables civiles subsidiarios, así como contra la entidad Mercasevilla como responsable civil subsidiario y partícipe a título lucrativo.

El juez José Ignacio Vilaplana, instructor del caso ERE en Andalucía.

No sólo tendrán que ir a juicio, sino que el juez requiere a los once acusados para que, en el plazo de un día, presten distintas fianzas. En algunos estas alcanzan los 4,8 millones de euros, como es el caso de la petición para Lanzas y para Mercasevilla es de 4,3 millones de euros.

Condiciones similares para el ERE de Río Grande

Esta pieza separada del caso es muy similar a la anterior y Vilaplana señala aquí a nueve investigados por presuntos delitos de prevaricación administrativa y malversación; contra seis de ellos por un delito continuado de falsedad documental, y contra uno de los acusados por un presunto delito de tráfico de influencias.

La apertura de juicio oral se dirige de nuevo contra el exsindicalista de UGT Juan Lanzas; su pareja Beatriz N.M.; la dueña de la entidad Río Grande, María del Carmen García Sánchez; los exmiembros de Vitalia Antonio Albarracín, Francisco González y Jesús Bordallo; Eduardo L.D.R. por la entidad Atrado Mensajería; Carlos L.B. por un bufete de abogados y finalmente Carmen Fontela, quien figuraba en el ERE promovido por el restaurante Río Grande en 2005 pese que no formaba parte de la plantilla.

El juez, en este caso, también requiere a los nueve acusados para que, en el plazo de un día, presten distintas fianzas, que oscilan entre 1,9 millones de euros para Lanzas y 165.000 euros

La resaca de Isofotón

Este asunto se suma a otro que ha dado novedades en las dos últimas semanas y también presagia graves problemas para el PSOE. Y es que el escándalo de la empresa malagueña Isofotón no para de crecer y señala directamente a tres ministros: Teresa RiberaMaría Jesús Montero y Luis Planas. 

La compañía, subvencionada con más de 80 millones de euros por la Junta de Andalucía, bajo la presidencia de los socialistas Chaves y Griñán; desvió "de forma urgente" la primera ayuda recibida por el gobierno del PSOE en Andalucía en el año 2007 a través de once transferencias al extranjero. 

La juez Patricia Fernández Franco investiga las ayudas otorgadas por el ejecutivo andaluz entre los años 2007 y 2012 a esta empresa dedicada a la fabricación de placas solares, en la que trabajaba Ribera, recibió 80 millones de euros y no se conoce el destino de 44.

La primera ayuda recibida ascendía a 19,3 millones de euros y llegó desde la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, IDEA, pero Isofotón jamás justificó en qué invirtió dicha cantidad que debería haberse invertido en plantas solares, y en agosto de 2012, cinco años después, tuvo que devolver el dinero. Sin embargo, Isofotón utilizó más dinero público que recibió de otras subvenciones para hacerlo.

El Grupo de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción de la Brigada de Policía Judicial de Sevilla ha sido el encargado de investigar el destino de dicha ayuda y han averiguado que Isofotón desvió al extranjero 5,8 millones de los 6,6 que recibió el 29 de diciembre de 2007 en once transferencias internacionales realizadas en dos días. 

Sin rastro del dinero

Y a partir de ahí se pierde el rastro del dinero puesto que según la investigación "se ha rastreado la información relativa a las transferencias internacionales, pero al haber transcurrido más de diez años, no se cuenta con ninguna documentación adicional que permita establecer el destino final de los fondos".

Pero la trama va a más puesto que, posteriormente, cuando la Agencia IDEA exigió la devolución de los 6,6 millones, por la falta de justificación, la Comisión Delegada de Asuntos Económicos de la Junta de Andalucía aprobó la concesión de un crédito público a Isofotón.

Planas, Montero y Ribera son los implicados

Y ahí es donde entran en juego el ministro de Agricultura, Luis Planas y la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, puesto que ambos formaban parte de la comisión al ser consejeros de la Junta de Andalucía. Dieron el visto bueno a la inyección de dinero a Isofotón, que iba destinado a un proyecto con la empresa Samsung para la que, precisamente, había contratado a Ribera.

Sin embargo, ese dinero, inmediatamente después volvió a la Junta de Andalucía, en forma de devolución de las ayudas que estaban sin justifica. Mientras que los 5,8 millones habían volado al extranjero de manera misteriosa.

  

 

El cerco se estrecha para los tres ministros "andaluces" relacionados con el caso Isofotón, otra derivada de aquella era de los ERES en Andalucía, aún sin zanjar, que acabó con la larga etapa del PSOE andaluz y dejó entre 680 y 1.000 millones en el aire, la cifra más alta alcanzada nunca en un caso de corrupción.