Marlaska echa al guardia civil que investigaba a Simón por los contagios del 8M

El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, ha cesado de forma fulminante al jefe de la comandancia de la Guardia Civil de Madrid, Diego Pérez de los Cobos, alegando una "pérdida de confianza" en el coronel, después de que bajo su mando se iniciase la investigación que ha puesto a Fernando Simón en el punto de mira por no haber cancelado el 8M, cuando sí estuvo dispuesto a suprimir otros eventos multitudinarios.

La decisión adoptada por Marlaska  y que obedece a la citada pérdida de confianza en la gestión de Pérez de los Cobos, ha sido tomada tras las acciones llevadas a cabo  "en las últimas fechas", por el coronel, según precisan desde Interior.

La Justicia acorrala a Simón: se sospecha ya cómo ayudó a extender el contagio

 Y precisamente la última acción llevada a cabo por el coronel y que ha trascendido a la opinión pública ha sido el contundente informe presentando por el Instituto Armado ante el Juzgado de Instrucción 51 de Madrid en el que señala directamente al epidemiólogo Fernando Simón como responsable de permitir las manifestaciones del 8-M y otras concentraciones en medio de la pandemia.

De hecho, el informe apunta que el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias disponía de los datos suficientes para suspender tanto la manifestación feminista, como el congreso de Vox o incluso los partidos de fútbol que se celebraban ese fin de semana en la capital, y pese al riesgo existente, no lo hizo.

Sin embargo, según ABC, esta parece ser solo la gota que ha colmado el vaso, ya que las desavenencias entre Marlaska y Pérez de los Cobos podrían deberse, además, a una serie de hechos que no han gustado en el seno del Ministerio, como la difusión de una orden de servicio del mando de operaciones en la que se pedía retirar las pancartas de las inmediaciones del chalet de Pablo Iglesias.

Por su parte, la hoja de servicios del coronel Pérez de los Cobos parece a todas luces intachable, ya que fue el coordinador elegido por la Fiscalía para el dispositivo que tenía que impedir el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 en Cataluña, además de ser asesor en el Ministerio desde 2006 y dedicar parte de su labor a la lucha contra ETA.