| 16 de Septiembre de 2021 Director Antonio Martín Beaumont

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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez

Un TC dividido se enfrentará a la ley más represora que ya ultima Sánchez

La Ley de Seguridad Nacional que pretende imponer el presidente ya ha alertado a los juristas que si, como está previsto, llega al TC tendrá que examinarse.

| Yolanda Lorenzo España

A Sánchez le supo a poco poder recortar libertades gracias al decreto del estado de alarma que el Tribunal Constitucional ha tumbado por considerarlo ilegal. Por ello, ya está trabajando en el proyecto de Ley de Seguridad Nacional que le otorgue plenos poderes en caso de necesidad.

Una norma con tintes más propios de un estado al estilo de Venezuela o Cuba que de una democracia moderna europea y que ha generado la indignación de gran parte de la clase política por las inclinaciones despóticas del presidente.

De hecho, desde la oposición ya han avisado de que en cuanto sea posible se recurrirá ante el Tribunal Constitucional una norma que fulmina los derechos fundamentales y favor de un presidente que podría tomar cualquier decisión con solo firmar un real decreto que establezca una situación de emergencia nacional, sin tener ningún contrapeso.

 Por ello, si no existen cambios en la composición del tribunal, algo poco probable, ya que el PP se ha negado a llegar a cualquier acuerdo con el PSOE para renovar los máximos organismos judiciales para evitar que Sánchez siga intentando intervenir en la Justicia, los mismos magistrados que han declarado ilegal algunos de los aspectos del estado de alarma, como el confinamiento domiciliario, tendrán que enfrentarse a otro de los desmanes del presidente.

Las presiones, como las que denunció la magistrada Encarnación Roca, volverán y la división en el seno del TC, entre progresistas y conservadores, volverá a hacerse patente, al igual que ha ocurrido con los votos discrepantes del tribunal de garantías, donde el exfiscal general, Cándido Conde Pumpido hizo todo un ejercicio de defensa de los intereses de Sánchez en su alegato.

El dictamen de los jueces será definitivo para permitir que se aplique una norma que cercena los derechos fundamentales en el momento en el que el presidente considere decretar que existe una emergencia, pero antes de ese punto, otros órganos consultivos del Estado tendrán que emitir su verecto. Primero el CGPJ, que ya golpeó a Carmen Calvo por su Ley de Memoria Democrática y también el Consejo de Estado.

Las claves de la Ley de Seguridad Nacional

De hecho, en la norma existen numerosos puntos conflictivos que comienzan en el mismo momento que se pone en marcha su aplicación a través de un real decreto que puede firmar el Gobierno cuando lo considere, "si existen razones de urgencia o de oportunidad que así lo exijan".

Gracias a este mecanismo, el Ejecutivo podrá movilizar a toda la población mayor de edad, que "estará obligada a la realización de las prestaciones personales que exijan las autoridades sin derecho a indemnización", a la usanza de la vieja mili, a la par que impulsa un procedimiento muy similar a la dictadura venezolana que permitiría expropiar bienes.

 

Así, el Gobierno, podrá "integrar todos los recursos disponibles en las administraciones públicas" e, incluso, "aquellos que estuvieran en mano de particulares", además de nacionalizar empresas para crear una "Reserva Estratégica basada en las Capacidades Nacionales de Producción Industrial" que garantice los abastecimiento en caso necesario.

Control total de los medios

Además, con esta nueva norma se permitirá un control de los medios por parte del Gobierno, estableciendo que "colaborarán con las autoridades en la difusión de informaciones preventivas y operativas" y se guarda para sí dar más información de la que considere necesaria, ya que "el acceso a la información pública manejada por el Sistema de Seguridad Nacional quedan excluidos del derecho de acceso a la información", borrando de un plumazo la Ley de Transparencia.

Por todo ello, tanto PP como Vox, han asegurado que llevarán ante el Constitucional una norma que según los de Abascal pretende imponer "un régimen de terror" y que permite "la censura a la prensa y requisar de bienes". Mientras que Casado ya sentenció que es "un auténtico disparate" que intentará frenar porque "va contra las libertades democráticas de los ciudadanos" ante un Sánchez "totalitario".