Celaá cede la educación al independentismo en la ley con menor apoyo desde 1980

La Ley Celaá consiguió este jueves en el Congreso un aprobado raspado. Raspadísimo de hecho, que ni los aplausos de las bancadas del PSOE y Unidas Podemos pudieron disimular.

El proyecto de ley salió del hemiciclo rumbo al Senado con 177 votos a favor, solamente uno por encima de la mayoría absoluta necesaria para su aprobación. Y con 148 votos en contra, los del PP, Vox, Ciudadanos, Foro Asturias, UPN y Coalición Canarias.

Pese a las alharacas de la ministra Isabel Celaá, desde este jueves ostenta un triste título: su ley, la octava ley orgánica educativa aprobada en democracia, se ha convertido en la que menos respaldo obtiene de la Cámara Baja. Aunque a buen seguro el PSOE no se refería a eso cuando hablaba de que era un "día histórico".

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Nunca antes una ley de este tipo había sumado tan pocos votos a favor. Y nunca otra había tenido tantos votos en contra, con la excepción de la de 1995. Ello prueba de la fragmentación parlamentaria que obliga a Pedro Sánchez a buscar constantemente la complicidad de nacionalistas e independentistas, incluso a costa de conceder que el castellano deje de ser lengua vehicular.

Ni siquiera la Ley Wert, que en 2013 tuvo enfrente a toda la izquierda y a CiU (la extinta CiU), ERC y el PNV, salió adelante con tan poco margen. Aquella fue aprobada con los 182 votos del PP a favor en la legislatura de la mayoría absoluta de Mariano Rajoy y 137 en contra (el resto fueron abstenciones).

Entonces, la oposición, capitaneada por Alfredo Pérez Rubalcaba, se conjuró y prometió que la Ley Wert sería "un zombi" que se arrastraría "torpemente" durante el tiempo que gobernara el PP y después sería derogada por la izquierda. Y este jueves la profecía se cumplió. 

Además como un rodillo: a su paso por la Comisión de Educación, la Ley Celaá no fue examinada ni consultada con ningún experto en Educación, cuando durante la tramitación de la Ley Wert desfilaron por el Congreso medio centenar de expertos convocados por los grupos parlamentarios. 

Cuando la Ley Wert fue aprobada, la izquierda y los independentistas se conjuraron para derogarla.

También ahora el PP ha anunciado batalla. Una vez que la ley sea aprobada definitivamente (antes tendrá que pasar por el Senado), los de Pablo Casado la recurrirán ante el Tribunal Constitucional y en Europa. Asimismo han iniciado una recogida de firmas y en las comunidades donde gobiernan intentar detener sus "aspectos más lesivos". 

Por ejemplo en Andalucía, los nuevos Presupuestos de Juan Manuel Moreno contemplan, tras un pacto con Vox, la mejora de los conciertos educativos en Bachillerato y FP así como el incremento de plantilla dedicada a la educación especial. Dos de los aspectos más polémicos de la criatura de Celaá.

Las leyes anteriores y sus apoyos

Anterior a la Ley Wert fue la LOE de 2006, la de José Luis Rodríguez Zapatero y su famosa Educación para la Ciudadanía. Aquella recibió el respaldo de 181 diputados, los del PSOE, ERC e IU-ICV. Votaron en contra 133, los del PP, y se abstuvo CiU.  

Antes que ésa fue aprobada, en 2002, la LOCE de José María Aznar, aunque nunca llegó a aplicarse porque Zapatero la frenó en seco al llegar a La Moncloa. Había recibido en el Congreso 185 votos a favor del PP y Coalición Canaria (183+2) y 129 votos en contra de la oposición. 

Era la primera ley orgánica educativa que veía la luz desde la aprobación, en 1995, de la LOPEG de Felipe González (Ley Orgánica de Participación, Evaluación y Gobierno de los Centros Docentes). A pesar de que vino acompañada de una fuerte oposición de la comunidad educativa, salió adelante con 187 votos a favor, los del PSOE, CiU y el PNV. Tuvo 163 en contra, los del PP, IU y Coalición Canaria. 

La famosa LOGSE, la que introdujo la ESO y la educación obligatoria hasta los 16 años, tuvo carta blanca de la Cámara Baja en 1990 con un amplio respaldo de 242 votos a favor y los únicos en contra del PP, 106.

Previamente, la ley orgánica educativa de 1985 (la del Derecho a la Educación) tuvo 214 síes, los del PSOE y CiU. La de 1980 de Adolfo Suárez no llegó a entrar en vigor porque el PSOE la recurrió ante el Tribunal Constitucional y ganó.